Pujol Corporation 31 – El bloqueo de las cuentas andorranas de Jordi Pujol Ferrusola

Se multiplican las complicaciones judiciales para el clan Pujol. En este caso, para Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, que ha visto como la justicia de Andorra ha bloqueado todas sus cuentas bancarias y las de su ex esposa, Mercè Gironés, en seis entidades del país vecino, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra, Banca Privada de Andorra, MoraBanc, MoraBanc Grup y Andbanc.

La decisión la ha tomado la juez andorrana Maria Àngels Moreno, en sendos autos fechados los días 2 y 5 de febrero, según se ha divulgado este miércoles. La juez atendía así finalmente las comisiones rogatorias de julio y octubre del pasado año del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga a Pujol Ferrusola y Gironés, imputados por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El bloqueo de las cuentas, no obstante, podría tener más implicaciones. Y es que la legislación andorrana no tiene tipificado como delito el fraude fiscal, por lo que la justicia del país vecino solo atiende solicitudes de otros países cuando a los presuntos delitos fiscales van asociados otros de corrupción. Algo que, según entiende ahora la juez andorrana, podría suceder con la investigación de la Audiencia Nacional a Pujol Ferrusola.

El criterio de Andorra

En agosto, la justicia andorrana ya admitió a trámite una comisión rogatoria del juez Ruz que solicitaba información sobre las cuentas de Pujol Ferrusola en el país pirenaico, pero advirtió que esos datos solo podrían ser utilizados para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales asociados a otros de corrupción -como cohecho o tráfico de influencias-, puesto que Andorra no facilita información para casos de fraude fiscal, al no estar tipificado como delito allí.

Pujol Ferrusola y Gironés fueron imputados el pasado julio, después de que, en 2013, Ruz abriera un procedimiento tras recibir una denuncia de la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola María Victoria Álvarez Martín, quien aseguró ante el magistrado que había acompañado al primogénito del ex presidente de la Generalidad a Andorra para llevar una mochila repleta de billetes de 500 euros.

La investigación, no obstante, se ocupa también de los pagos superiores a 200.000 euros que habrían hecho a Pujol Ferrusola sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña. Y, desde entonces, diversas informaciones periodísticas e informes policiales apuntan a posibles cobros de comisiones ilegales por parte de Pujol Ferrusola.

En concreto, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional del pasado julio señala que sociedades del hijo mayor de Pujol recibieron en cuatro años más de ocho millones de euros procedentes de 17 empresas privadas, todas ellas contratistas de administraciones públicas de Cataluña.

Empresarios del pujolismo, también imputados

En octubre, el juez Ruz imputó a 11 personas en el caso, entre ellas importantes empresarios catalanes ligados al pujolismo, ante indicios de que habrían realizado pagos a las empresas de Pujol Ferrusola por servicios inexistentes, en lo que podría apuntar a comisiones para el clan Pujol a cambio de contratos con la Generalidad.

Otro informe, esta vez de la Agencia Tributaria, y divulgado la semana pasada, sostiene que la empresa de un ex socio de Jordi Pujol Ferrusola financió irregularmente a CiU a cambio de concesiones del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gerona).

Ocho de los nueve miembros del clan Pujol, los padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, y seis de sus siete hijos, menos Josep, están imputados en diversos procedimientos, por presuntos delitos económicos y, en el caso del ex número 2 de CDC Oriol Pujol Ferrusola, también de corrupción.

Mientras los Pujol-Gironés siguen tanteando la posibilidad de mudar su residencia a un pais donde no exista tratado de extradición -el viaje de Mercé Gironés a Nueva Zelanda del que no ha regresado- iria encaminado a esta estrategia, ante la inminencia de una orden de detención y bloqueo sucesivo de sus capitales por parte de la justicia española.