El saqueo de Andalucia (8)

La juez Mercedes Alaya poco a poco y a pesar de las amenazas y descalificaciones de la bancada socialista, ha dado un nuevo paso para el esclarecimiento de los “EREs” fraudulentos de Andalucia y acaba de solicitar en un auto las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda" –actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán– sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas, así como los datos relativos a 796 prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva al sospechar de posibles manipulaciones. Igualmente, la juez reclama la "vida laboral" e ingresos percibidos desde la administración autonómica por la empresa Matsa, para la que ha trabajado una hija del expresidente Chaves.

Aunque el PSOE haya querido desde el primer momento establecer "cortafuegos" para que el escandaloso asunto de los ERE fraudulentos no salpiquen al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a su actual sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, cada vez más indicios apuntan a la responsabilidad política –y tal vez penal– de ambos dirigentes.

Esta semana habrá más novedades del caso de los EREs falsos. La magistrada sevillana tendrá que decidir el próximo jueves si acepta la petición de la Fiscalía de imponer fianzas a los presuntos intrusos. La Fiscalía Anticorrupción pidió a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ordene fianza o embargo de bienes a todos los intrusos y personas beneficiadas de la “trama organizada” de las falsas prejubilaciones en Andalucía.

El Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".

Ni que decir tiene que estas indagaciones judiciales que afectan nada menos que al actual vicepresidente del gobierno español y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves, como al actual presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, van a hacer que a la juez Alaya le lluevan todo tipo de presiones. Buen anticipo de ellas han sido las que Alfonso Guerra ha llevado recientemente hasta el extremo del insulto sexista y que han motivado una más que justificada protesta por parte del Consejo General del Poder Judicial.

En cualquier caso, las responsabilidades políticas, tanto de Griñán como de Chaves, en este asunto de los ERE fraudulentos resulta manifiesta desde que, hace meses, la actual consejera de Economía y Hacienda, Martínez Aguayo, aseguró que siendo entonces viceconsejera del ramo no informó a Griñán de los informes de la Intervención General de 2005, 2006 y 2007 que ponían serios y graves reparos al procedimiento administrativo escogido para tramitar los polémicos ERE y las ayudas a empresas en crisis. Aunque ya aquellas declaraciones de Martínez Aguayo resultaban un increíble cortafuego para sus superiores –lo más probable es que esos informes preceptivos por ley fueran entregados directamente al consejero Griñán–, el supuesto desconocimiento de su contenido por parte de Griñán supone una falta de responsabilidad que ya le debería haber costado el cargo. Otro tanto se podría decir del entonces máximo responsable de la Junta, Manuel Chaves; más aún después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.

Por todo ello tanto Griñán como Chaves podrían acabar por este asunto sentados en el banquillo. De lo que ya es casi seguro que ambos van a ser desbancados tan pronto los ciudadanos puedan expresar su voz de indignación en las urnas.