El TSJC condena a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament


Juicio en el TSJC a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya / EUROPA PRESS

El tribunal impone a Simó, Barrufet, Colominas y Guinó 20 meses de inhabilitación por tramitar resoluciones del 'procés' contrarias al Tribunal Constitucional y absuelve a Mireia Boya

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí) a 20 meses de inhabilitación y ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Todos ellos fueron juzgados por un delito de desobediencia al tramitar resoluciones del procés independentista.

Las acusaciones --fiscalía, Abogacía del Estado y Vox-- solicitaron 20 meses de inhabilitación a todos al considerar que desoyeron los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC), mientras que las defensas habían solicitado la absolución para los enjuiciados.

"Planteamiento quimérico"

Considera la sala que "frente al quimérico e insostenible planteamiento de los acusados conforme al cual los resultados de las elecciones autonómicas del 27 septiembre 2015 les otorgaron la soberanía popular suficiente para decidir y construir un nuevo orden de convivencia en Cataluña, así como para desobedecer al TC, haciendo tabla rasa del ordenamiento vigente por su propia e inapelable autoridad, se debe advertir que esta forma de pensar tampoco puede servir para excluir la aplicación del vigente Código Penal ni siquiera por la vía indirecta de sugerir un supuesto error de prohibición, al que nadie ha aludido, o para fundar una supuesta causa de justificación, esta sí alegada subsidiariamente por sus defensas".

El alto tribunal catalán asegura que el "TC se esforzó por explicar en sus resoluciones a los acusados y a otras autoridades y funcionarios públicos concernidos que el planteamiento político de sus formaciones era legítimo, siempre que supeditaran su logro al respeto de los cauces de reforma constitucional (art. 168 de la Constitución española) y del papel del TC como máximo intérprete de la Constitución (art. 161 y art. 1.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)". La sala ha impuesto a los cuatro exmiembros de la Mesa 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo de cualquier ámbito y el pago de una multa de 30.000 euros. 

Obstaculizar una resolución judicial

Según recoge la sentencia, el delito de desobediencia previsto y penado en el art. 410.1 del Código Penal es un delito especial impropio, que solo pueden cometer quienes ostenten la condición de autoridad o funcionario público. “Será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado”.

Ese dominio "exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial, bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate”.

El Constitucional, concluye la sentencia, declaró que "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones del TC 'no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 de la Constitución; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos'".

La CUP sale indemne

Mireya Boya

Por otra parte, el Tribunal ha absuelto al ex diputada de la CUP, Mireia Boya, del delito de desobediencia al no darse las exigencias del tipo penal aduciendo que: "no ostentaba una posición de intervención en los hechos compatibles con el tipo penal de la desobediencia".

La sentencia sostiene que el delito de desobediencia en que se basa la condena solo pueden cometerlo quienes ostenten la condición de autoridad o funcionario público, pero agrega que “será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado”.

“Ese dominio –destaca- exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial (en este caso del Tribunal Constitucional), bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate”.

Comentarios

  1. pepe,
    si, claro, a ver, señores, si alguien pone una denuncia contra estos por odio a la policía y dicen ustedes q el delito de odio solo puede ser contra personas con unas determinadas condiciones, no comprendo pq nadie de la judicatura a puesto en su sitio al ministro marlaska cuando aquello del odio en las redes sociales. Menuda judicatura cobarde....

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  2. Amoroso
    Ahí es donde les duele, inhabilitación y pagar multas. Yo les hubiera puesto más.

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  3. a quien corresponda
    Los hijos de los burgueses siempre salen indemnes de todo. ¿Porqué será?

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  4. antoniu favert
    Al final no n'han enganxat cap de la CUP.
    Han contribuït de valent a portar-nos a la decadència total i són escorredissos com una guilla.
    Llestos?

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  5. Juan Castells Badenes
    Lamentable lentitud de la justicia....¡¡ Sentencia al cabo de 5 años !!

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  6. Anders Gran
    a 100 euros de multa a pagar en comandita?

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