El saqueo de Andalucia 125 - La Operación Madeja

Fitonovo era «una organización criminal jerarquizada» que daba pagos mensuales a los funcionarios públicos y que incluso, a veces les hacía pagos mensuales. Con esas graves acusaciones la juez Mercedes Alaya que instruye el caso Madeja ha definido a la trama de corrupción. Atribuye a políticos y funcionarios del PSOE e IU el cobro entre 2003 y 2011 de la empresa Fitonovo, mientras gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla, para obtener obras y servicios públicos.

En la causa, que acumula 10.000 folios repartidos en 21 tomos, la juez afirma que el PSOE cobró comisiones entre el 2006 y el 2009 por cantidades que oscilaron entre 30.000 y 60.000 euros, dinero que la empresa disimuló a través de una anotación en la contabilidad B denominada "Langostinos Maera".

Respecto a IU, socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla entre el 2003 y el 2011, la juez afirma que recibió "mordidas" por 155.000 euros por adjudicar a Fitonovo once campos de fútbol de césped artificial por 6,9 millones de euros. 70.000 habrían sido entregados en 2010 en una caja de zapatos mientras era concejal de Deportes José Manuel Garcia , que ha dimitido como portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla tras ser imputado en este caso.

Según la juez, el exportavoz intervino, "en connivencia con otros dirigentes" como Antonio Rodrigo Torrijos, también imputado y que dimitió como portavoz de la federación hace un año, para que la formación política recibiera dinero por la adjudicación de contratos.

Las "mordidas" de IU las recibió Antonio Miguel Ruiz, exasesor de Torrijos y que quedó en libertad tras comparecer ante Alaya y después de figurar entre los 32 detenidos en la última fase de la operación.

Rodrigo Torrijos intervino "decisivamente", según la juez, para pedir comisiones en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a 11 campos de fútbol, lo que el exdirigente político, que se ha dado de baja temporal en IU, negó "rotundamente" tras comparecer el pasado lunes ante Alaya.

Otro de los implicados en este caso es el exalcalde socialista de Algeciras Tomás Herrera, que habría participado en el concurso fraudulento de construcción y explotación del polideportivo El Calvario, por lo que Fitonovo se comprometió a pagar 279.360 euros, según la juez.

Los pagos al PSOE se habrían hecho, según el acta de imputación del ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo, como "compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación con el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos".

El ex concejal imputado, al que la Fiscalía pidió una fianza civil de 400.000 euros, se reunía una vez al mes con el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, que reconoció ante la juez sobornos y para el que Alaya pidió dos millones de euros de fianza civil.

La juez afirma que Gómez Lobo se unió con Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín que se ha demostrado haber recibido un equipo informático como parte de la mordida y al que atribuye un incremento patrimonial injustificado de 411.000 euros, para "maquillar" los pagos ilegales al dueño de Fitonovo.

Gracias a la mediación del concejal socialista, Fitonovo logró la adjudicación de varios concursos, como el riego del parque de María Luisa por casi 500.000 euros o la conservación de juegos infantiles por 432.778 euros.

Con esas graves acusaciones la juez Mercedes Alaya que instruye el caso Madeja envió a prisión a dos de los nueve detenidos de la Operación Enredadera que ayer comparecieron en su despacho. Los dos enviados a prisión son el que fuera jefe de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio (cesado el martes) y el directivo de Adif en Sevilla, Antonio Rodríguez Jurado. Ninguno de los dos pagó la fianza que le impuso la instructora para eludir la prisión y ambos ingresaron en la cárcel. Con el comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, enviado el martes a la cárcel, ya son tres los presos.

Pero Alaya, que justificó la prisión en el riesgo de fuga, mantiene en su auto de prisión que el directivo de Adif percibió entre los años 2001 y 2011 la suma total de 429.000 euros, unas cantidades que fueron retiradas de la denominada «caja B» de la empresa Fitonovo y de la que también firmó recibos el comercial de Fitonovo Juan Andrés Bruguera. La juez relata las comisiones que el directivo de Adif recibió cada año. Solo en 2005 Rodríguez Jurado cobró 98.000 euros de comisiones.

Alaya atribuye esas cantidades que cobró el directivos de Adif, a la «contraprestación recibida por beneficiar a Fitonovo con la adjudicación y adjudicación de contratos públicos. Además Alaya señala que las dádivas eran una práctica habitual en Fitonovo y que «se realizaban de forma periódica o mensual ,a buena parte de los funcionarios públicos». Y también que esa era una práctica que se extendió desde el año 1995 a 2012 en «múltiples áreas geográficas y administraciones públicas». Por lo que no se descartan nuevas detenciones en el resto de provincias andaluzas donde estaba operando esta empresa.

«Todo ello ha podido producirse gracias a una organización criminal jerarquizada que tendría como centro “Fitonovo”