Se abrió la caja de los truenos en Bankia

El Ministro Luis de Guindos abrió ayer la caja de los truenos al contestar una pregunta en el Congreso del portavoz socialista de Economía, Juan Moscoso del Prado. Aseguró algo que muchos nos imaginábamos: que la salida a bolsa fue una decisión política instada desde las más altas instancias del Gobierno socialista, la ministra de economía de entonces, Elena Salgado y Jose Luis Rodriguez Zapatero. Para ello forzó voluntades obligando en aquel momento a que los principales bancos, La Caixa, Santander etc. adquirieran la mitad de la cartera de acciones emitidas con el fin de dar confianza a los posibles inversores.

Estas son sus palabras literales. “Usted sabe que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado. Por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a Bolsa, esta operación nunca se hubiera producido sin el visto bueno del Banco de España y de la CNMV. Si usted quiere investigación, empiece por preguntar al Gobierno anterior y a los entonces responsables del Banco de España y de la CNMV, todos ellos nombrados por el Gobierno socialista”. Para rematar las informaciones añaden que la Ministra Salgado llamaba a los presidente de bancos para “pedirles” que colaboraran en la compra de acciones de Bankia. ¿Más claro?

Es algo tan claro que resulta obsceno. De un plumazo se ha llevado la cacareada independencia por delante. Evidencia la capacidad de manipulación del Gobierno sobre instituciones básicas. Mejor aún: evidencia su sumisión al deseo del poder con tal de utilizar la expresión “Razón de Estado” que, es una razón de gobernante de turno con la que se distorsiona hasta la exterminación el sentido del Orden Jurídico y el valor del Derecho. Si lo que dice De Guindos es cierto, debería denunciarlo inmediatamente ante los tribunales.  

Todo esto ocurre cuando el informe emitido por dos peritos del Banco de España, en el que se pone de manifiesto no solo el catastrófico estado de la entidad, sino la voluntad decidida de ocultación de información en perjuicio de posibles inversores, que ha motivado el procesamiento de Rodrigo Rato.

Además UPyD, el partido liderado por Rosa Díez, en un ejercicio de demagogia ha pedido hoy en un escrito prisión incondicional para el exvicepresidente del Gob de las que se beneficiaron  salida a bolsa de Bankia, entidad que presidió hasta mayo de 2012 sin entrar en detalles de otros actores que probablemente tengan mas la culpa de esta quiebra.Me refiero a su antecesor Miguel Blesa, autor las preferentes, de créditos incobrables a constructoras de inversiones ruinosas,  o de las tarjetas black de las que se beneficiaron consejeros de todo pelaje politico o sindical.. Y por otro lado están los órganos reguladores, los inspectores que encotraron  a la caja sin problemas antes de su entrada en bolsa o bien Deloite la empresa que auditaba desde años la entidad. 

Además, pide para Rato una fianza civil de 4.112 millones de euros para todos los imputados en el caso Bankia, incluyendo a la propia entidad financiera y a su banco matriz, según el escrito presentado hoy en la Audiencia Nacional. UPyD ha tomado esta decisión después de conocerse el informe en el que dos peritos designados por el Banco de España cuestionaban las cuentas de la salida a bolsa de Bankia, lo que para el partido político "acredita la existencia de un engaño masivo" en la operación. 

Lo cierto es que nadie sabe, qué argumentos utilizó la comisión ejecutiva del Banco de España –el verdadero órgano de gobierno del regulador– para aprobar la fusión de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia. Ni mucho menos las discusiones que pudieron entablarse en torno a su salida a bolsa. “Una cuestión de Estado” en tiempos de Zapatero, según lo ha calificado el ministro de Economía, Luis de Guindos.  

Tampoco nadie sabe por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el folleto de emisión sin sospechar que lo más granado del Ibex (y del no Ibex) se había confabulado para dar apariencia de solvencia a una operación algo más que turbia. Ignorando, consciente o inconscientemente, que su aval a la salida de Bankia era en realidad un apaño. De hecho, nada más empezar a cotizar la acción, las ventas se dispararon y nadie investigó las razones.

La causa de tanta opacidad tiene que ver con la habitual ley del silencio que reina en los aparatos del Estado, donde, al contrario de lo que sucede en los países anglosajones, no hay una tradición de publicar las actas de las reuniones que afectan a asuntos de especial trascendencia. No de forma inmediata, algo que puede afectar a empresas cotizadas, sino pasado algún tiempo, lo cual convierte a la Administración en un pozo cegado de información.

Y no es porque no haya constancia de lo que allí se decide. El artículo 63 del Reglamento del Banco de España deja bien claro que, después de “cada sesión” que celebren tanto la Comisión Ejecutiva como el Consejo de Gobierno, “se levantará acta por el secretario, y en ella se debe especificar el contenido de los acuerdos adoptados”. El propio Reglamento precisa que las actas del Consejo tendrán “carácter reservado”, debiendo guardar secreto de las mismas cuantos las conozcan por razón de sus funciones.

El Gobernador del Banco de España Luis Maria Linde ha salido hoy en defensa sobre la profesionalidad de sus inspectores cosa que quizá pueda avalar en este momento, ¿pero lo era en el momento que ocurrió la salida a bolsa de Bankia, cuando el Banco de España estaba bajo el mando de Miguel Ángel Fernández Ordoñez?