Un segundo informe del Gobierno impidió llevar a los ancianos en residencias al hospital

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación al respecto del primer informe, pero no ha incluido este segundo documento con fecha del 24 de marzo

El Gobierno vuelve a estar en el punto de mira por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. Un segundo informe elaborado por Sanidad el pasado 24 de marzo seguía recomendando no sacar a los mayores de las residencias, ni que sus hijos pudieran llevárselos consigo y trasladarlos ellos mismos al hospital. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación al respecto del primer informe, publicado por Sanidad el pasado 5 de marzo, pero no ha incluido este segundo documento con fecha posterior (24 de marzo). 

Este segundo informe fue elaborado por Sanidad el pasado 24 de marzo para añadir algunos aspectos en los criterios que debían de seguir las residencias frente al virus. Bajo el nombre de 'Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial', Sanidad recomendó no mover a los ancianos de las residencias. Así en sus primeras páginas se estipula que "se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación". 

El documento también obliga a las residencias a informar a los residentes y sus familiares, así como a los trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para protegerlos, algo que no siempre se ha cumplido 

Asimismo, "se restringen todas las visitas sin vinculación profesional con el centro a no ser que sea estrictamente necesario", según muestra el informe. "En el escenario actual, se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios" y "suspender todas las salidas de la residencia", según reflejan los "aspectos clave" del documento. 

Este segundo plan de Sanidad también recoge el tipo de actuación a realizar si el residente tiene algún tipo de sintomatología como "restringir las salidas fuera de la habitación al mínimo imprescindible y, si estas fueran necesarias, el residente deberá llevar una mascarilla quirúrgica. En el caso de que las condiciones del centro lo permitan, es preferible el aislamiento vertical o por plantas, como criterio de agrupación preferible para cada uno de los grupos de residentes". 

El informe también obliga a las residencias a "informar a los residentes y sus familiares, así como a los trabajadores del centro sobre las acciones que se están tomando para protegerlos". Un asunto bastante discutible en algunos casos por parte de algunas residencias y que varios familiares ya han puesto en conocimiento de la Justicia a través de las correspondientes denuncias. 

La Fiscalía mantiene 361 diligencias abiertas 

La Fiscalía General del Estado mantiene 190 diligencias civiles y 171 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Este órgano abrió una investigación al respecto del primer informe, publicado por Sanidad el pasado 5 de marzo, pero no ha incluido este segundo documento con fecha posterior (24 de marzo). 

El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas se sitúa en 19.105 según los datos proporcionados por RTVE y las comunidades autónomas y que ya obran en poder del Gobierno -aunque aún no ha facilitado los datos de forma oficial, dos meses después de comprometerse a ello. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 70 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma asumiendo el mando único en todo el Estado en materia de Interior, Defensa y Sanidad. Esta medida relegaba a un segundo puesto la competencia de las distintas comunidades autónomas. Tres días antes de la manifestación del 8M y de los múltiples eventos celebrados esos días -el 5 de marzo-, el Gobierno publicó un informe donde suspendía las visitas a las residencias por parte de los familiares.

"Se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga indicación de aislamiento", reza el informe, y a continuación se detallan las medidas de ‘reclusión' de los ancianos que presenten sintomatología en las residencias. "Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo posible", según indica el informe elaborado por Sanidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, máxima autoridad durante el estado de alarma, delegó en el vicepresidente Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales a mediados de marzo. En este ámbito se encuadrarían las residencias de mayores, responsabilidad compartida con Sanidad. Sin embargo, el vicepresidente segundo consideró más tarde que la competencia era autonómica.

El Gobierno oculta los datos desde el 8 de abril 

El Gobierno dio de plazo a las comunidades autónomas hasta el 8 de abril para empezar a enviar datos de residencias, pero no ha publicado nada desde entonces. Casi dos meses después, el Ejecutivo de Sánchez sigue sin publicar el informe completo remitiéndose, a preguntas de este medio, que "los daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados, y tengan la solvencia que creemos que deben tener", señaló Sánchez en una de sus comparecencias. En Francia y otros países europeos, los gobiernos hacen público el número de contagios y fallecimientos en las residencias. 

[Sanidad rechazó comparar las muertes por Covid con las de otros años para reducir las víctimas] 

Las órdenes por parte de Sanidad fueron dadas en marzo y casi a principios de junio, seguimos sin conocer el informe detallado sobre los fallecidos en residencias. Así, la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, estableció una clasificación de los residentes; la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, obligó a los titulares de los centros a garantizar "la puesta a disposición de la información veraz y ajustada al sistema de información vigente", conforme a esa clasificación. "Esta información se facilitará con la periodicidad y a través del medio que indique la autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma", asegura la orden ministerial. Y otra orden, SND/322/2020, de 3 de abril, detalló por primera vez la información sobre residencias que las comunidades autónomas debían enviar al Ministerio de Sanidad.