Una ley de Educación muerta antes de nacer

La ministra Isabel Celaá (EP)

La ley de Educación que se aprueba hoy crispa a la concertada

Parece que los políticos de nuestro país nunca aprenden y van a llevar al Parlamento una nueva ley de Educación sin el consenso con los padres, los demás partidos ni el resto de la comunidad educativa, que no resuelve el déficit que los jóvenes cuando llegan al momento de su incorporación a su vida laboral. Las universidades públicas seguirán vomitando titulados que no van a tener que  mas remedio que salir al extranjero o acogerse a trabajos mal pagados que nada tienen que ver con lo aprendido en largas jornadas de estudio. 

La tramitación de esta ley,  ni siquiera aborda la futura movilidad de los titulados gracias a las trabas lingüisticas puestas desde las distintas comunidades autónomas para la contratación de nuevos titulados.

La nueva ley de Educación que ha aprobado el Gobierno, la Lomloe, da más control a la administración para retirar la financiación a las escuelas concertadas. La nueva normativa –la misma que presentó hace un año y truncó el adelanto electoral– coincide con la esencia de los decretos que quiere aprobar próximamente la Conselleria d’Educació de Catalunya y que han recibido más de 100.000 alegaciones por parte de los padres de la concertada.

La llamada “ley Celaá”, que deroga la Lomce, otorga a la administración la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos. Esto quiere decir que la escuela concertada puede perder la financiación pública que recibe sobre una clase a pesar de que quizás no la perdería con el sistema actual, es decir, si tuviera suficiente demanda para llenarla.

La reforma da a la administración la posibilidad de quitar conciertos antes de conocer su demanda

La concertada considera que la intervención administrativa en el reparto de alumnos pasa por encima de la libertad de las familias a elegir el centro deseado. Asimismo, y como sucede con los decretos de admisión de alumnos y de la concertada, la ley prevé también a las administraciones educativas repartir el alumnado con necesidades específicas o educativas (por su situación social o dificultades de aprendizaje) entre los centros públicos y concertados, sin prever ninguna aportación económica adicional.

Finalmente, retira el concierto a las escuelas que segregan por sexo, básicamente los colegios que dependen del Opus Dei.

Las asociaciones que representan a la escuela concertada en España, tanto laicas como religiosas, se han tomado esta ley como un ataque frontal al modelo que representan y que, creen, asfixiará económicamente a los centros como paso previo al establecimiento de un modelo de educación público.

No obstante, la normativa parece perseguir la finalización de los conciertos a los colegios que cuentan con recursos importantes, propios de escuelas privadas y que atienden a un alumnado de familias acomodadas. De este modo, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconoció el 20 de febrero, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el papel de algunas concertadas. “Sabemos que en esta tarea –construir una sociedad justa y solidaria– podemos contar también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la educación”, manifestó.

El partido Socialista a sabiendas que por razones económicas no puede hacerse cargo del total del alumnado, quiere tener bajo sus garras a la juventud, poniendo cada vez mas dificultades a la enseñanza concertada.