Francina Armengol pretende la Imposición del catalán en la justicia de Baleares

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, durante un pleno del Parlament. 

Baleares impone el catalán a jueces y abogados pese a no tener competencias. Aprueba un decreto que obliga a usar "normalmente" la lengua cooficial en los juicios en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana

Contraviene la ley estatal que dice que la lengua de los procedimientos será el castellano

El afán catalanizador del Govern balear de la socialista Francina Armengol no conoce límites. Después de imponer la lengua cooficial en toda la administración autonómica, incluso para trabajar en la sanidad pública, acaba de dar una nueva vuelta de tuerca y obligará a hablar en catalán a los funcionarios de la Justicia (dependientes del Gobierno central), pese a no tener competencias en este ámbito.

Así se recoge en el decreto 49/2018 que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El artículo 9 del capítulo VI dice que «las comunicaciones dirigidas a la Administración de Justicia se realizarán en catalán cuando se trate de órganos judiciales radicados en las Islas Baleares o en el ámbito lingüístico catalán [Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana)]».

Establece también que «los abogados y los representantes legales de la Administración utilizarán normalmente el catalán en sus actuaciones de carácter procesal ante los órganos judiciales radicados en las Islas Baleares o dentro del ámbito lingüístico catalán».

La normativa ya está en vigor, tras ser aprobada por el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas - con el apoyo externo de Podemos- y fue publicada el pasado 22 de diciembre en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Fuentes jurídicas consultadas tildan de «aberración» este articulado y aseguran sin ninguna duda que es «contrario a la ley». De hecho, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica en su artículo 15 que «la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano».

Esta norma básica y válida para toda la Administración indica que, no obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. «Esto significa que se tiene el derecho a usar las dos lenguas -castellano o catalán en este caso-pero no se puede imponer únicamente el catalán», recalcan las mismas fuentes.

La imposición lingüística que el Pacte se ha sacado de la manga no es baladí y afectará a una parte destacable de jueces, fiscales y letrados que ejercen en Baleares y que proceden de fuera de las Islas. Además, esta obligatoriedad de usar el catalán en los juicios puede desencadenar un caos para los propios procedimientos, alertan otras fuentes jurídicas consultadas, ya que se podría pedir la nulidad de las actuaciones judiciales, alegando indefensión.

Este polémico decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ya fue matizado en una decena de artículos por el Consell Consultiu de las Islas Baleares el mes pasado. El máximo órgano de consulta en esta materia alertó en su dictamen, entre otras cosas, de que no se podía pedir a las empresas privadas que usaran el catalán para optar a un contrato con la Administración autonómica ni vetar el castellano en las comunicaciones fuera de Baleares, como pretendía hacer el Govern de Armengol.

Una vez matizados los puntos más polémicos, el Pacte ha aprobado esta normativa que obliga a todos los funcionarios a redactar y hablar exclusivamente en catalán, a rotular en los edificios públicos interna y externamente sólo en catalán, al igual que la megafonía, la publicidad institucional, los actos y recursos materiales y hasta las máquinas de café y expendedoras (sólo en catalán).

Las empresas privadas que contraten con la administración pública estarán obligadas a utilizar el catalán e incluso a disponer de empleados que lo hablen.

La discriminación lingüística también afecta a los ciudadanos que tengan que relacionarse con la administración pública de Baleares, ya que se les atenderá en catalán, y si el ciudadano quiere algún tipo de documentación o certificación en español tendrá que solicitarlo expresamente.

Desde ACTUA/VOX recuerdan que este decreto es parecido al que la Generalitat Valenciana aprobó en 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tumbó por discriminatorio al no tener en cuenta la realidad bilingüe del territorio.

Para, Jorge Campos, presidente de ACTUA/VOX en Baleares, este decreto se ha aprobado en fiestas navideñas para pasar desapercibido y demuestra el «fanatismo catalanista de Armengol», pretendiendo imponer el catalán hasta en la administración de justicia donde la Comunidad Autónoma no tiene competencias transferidas.