La Fiscalía del Supremo pide no admitir a trámite las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia

Pedro Sánchez y Salvador Illa, en la reunión de este lunes del Comité de Seguimiento del coronavirus. EFE

El teniente fiscal del Supremo Luis Navajas ha remitido al Tribunal Supremo un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra el Gobierno.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita todas las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. En un informe, de 300 páginas, el teniente fiscal del Alto Tribunal Luis Navajas, ha pedido este lunes a la Sala Segunda que rechace todas las querellas interpuestas contra miembros del Ejecutivo por motivos diversos.

En la elaboración del informe han colaborado el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la Fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad especializada de Siniestralidad laboral, así como, bajo la dirección del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Según la Fiscalía, el teniente Fiscal del Tribunal Supremo "tiene atribuido el despacho de las causas especiales instruidas contra miembros del Gobierno, magistrados y fiscales, según acuerdo adoptado con la Fiscal General del Estado en el año 2015".

"Conforme a los artículos 15 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", añade, "no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala para la elaboración del informe. El informe, que cuenta con una extensión de más de 300 folios, realiza un análisis exhaustivo y pormenorizado en relación a la competencia para el conocimiento de las querellas por la condición de aforados de los querellados, la procedencia de su acumulación y el fondo y contenido de los diferentes tipos penales atribuidos en aquellas".

"Todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos, tales como delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro", apunta el escrito.

Los querellantes son el partido político Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

"En cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha, el informe que se ha presentado el día de hoy solicita su inadmisión", concluye.

Los argumentos de la Fiscalía

En la querella de la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) presentada contra Salvador Illa Roca, ministro de Sanidad y Fernando Grande- Marlaska Gómez, ministro de Interior, por un delito contra los derechos de los trabajadores y cinco delitos de homicidio imprudente, la Fiscalía afirma que "resultaría desmesurado auspiciar una responsabilidad penal en alguno de los ministros aludidos, como consecuencia de la aplicación de criterios realizados por profesionales expertos en la materia. Tampoco hay constancia de que se haya producido ni grave infracción de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni el correlativo grave riesgo para la vida y salud de los trabajadores. Las referencias genéricas sobre la falta de equipos de protección y la falta de control de los adquiridos nos impide determinar que la conducta suponga una vulneración de la normativa infringida en materia de seguridad y salud en el trabajo".

También se refiere a los contratos con INTERPHARMA: "En cuanto a los motivos por los que el Ministerio de Sanidad habría decidido adjudicar el contrato a una empresa que no contaría con las oportunas licencias u homologaciones, debe precisarse que esto no fue así, pues -en realidad- el contrato fue adjudicado a la empresa INTERPHARMA, siendo esta la que se comprometió a adquirir test idóneos para el diagnóstico rápido de COVID-19".

"Y, por lo tanto, resultando esta la empresa que, con claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales, adquirió de una mercantil de origen chino productos defectuosos, haciéndolo en términos que, en realidad, se ignoran, pues más allá de que los test resultaron defectuosos, no se aporta ningún otro dato por parte de la denunciante que arroje luz acerca de los términos en que se desarrolló aquella adquisición ni, desde luego, acerca de la diligencia empleada por la mercantil INTERPHARMA".