María Jesús Montero congela las cuentas de las CCAA y no les pagará los 2.500 millones que les debe

María Jesús Montero | EFE

El portazo del Gobierno a pagar el dinero pendiente de la liquidación del IVA de 2017 ha hecho estallar a las regiones del PP.

Los barones del PP se han rebelado contra Hacienda tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León continúan exigiendo a María Jesús Montero los 2.500 millones que les debe a las CCAA por la liquidación del IVA de 2017, y que la ministra se niega a reembolsar. Esta semana han amenazado con sumarse a esta iniciativa las comunidades del PSOE, Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Maria Jesús Montero echó un jarro de agua fría sobre los líderes autonómicos al asegurar que la devolución de esta liquidación "correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y rechazar las fuerzas parlamentarias (los del PSOE), decayó la medida", zanjó la socialista. Montero enterraba así el pago de esta importante cifra.

La respuesta de la ministra ha hecho estallar a las regiones del PP, que hasta amenazan con llevar a los tribunales a Hacienda. Así lo dejó caer ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que instaba a al Gobierno socialista a rectificar "en las próximas horas" o "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", declaró.

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, fue un paso más allá de Feijoó, y llegó a calificar al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno moroso, gobierno mentiroso". Galicia reclama 200 millones de euros de la liquidación del IVA del 2017 debido al cambio contable en la recaudación de este impuesto que el PP introdujo hace tres años a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria. Entonces, sólo se contabilizaron 11 meses.

No se creen la excusa de Montero

Burlados y chantajeados se sienten en Andalucía. "No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura", aseguró su presidente en su cuenta de Twitter, el canal que han utilizado muchos de los barones para mostrar su descontento con la decisión de Montero, aunque antes del Consejo de Ministros también lo hicieron por carta.

Juanma Moreno aludía al chantaje porque María Jesús Montero ha culpado al PP de rechazar sus Presupuestos para 2019 en los que los socialistas se comprometían a abonar de esos 2.500 euros impagados. Entonces, la versión oficial que dio el Ejecutivo del PSOE el pasado mes de octubre fue que, en funciones y sin Presupuestos, su Gobierno no podía realizar ese pago. Las regiones del PP no se creyeron la explicación de Montero, ya que había dado la misma excusa para no pagar tampoco las entregas a cuenta y, finalmente, había obtenido el visto bueno de la Abogacía del Estado. ¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debían legítimamente de IVA?

"El Gobierno central se ríe de los andaluces. No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y servicios sociales", añadió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, mientras que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, calificó este hecho de "robo inadmisible. Los andaluces calculan que les deben 537 millones de euros.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también acusó al Ejecutivo Socialista de "robar a todos los murcianos los 85 millones del IVA que pagamos de nuestros bolsillos en 2017". En Castilla y León, su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, reclama "142 millones de euros del IVA que nos debe. Seremos exigentes y estaremos en primera fila para defender los intereses de nuestra tierra".

En Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido a Montero que "de una vez deje de retener el IVA del año 2017". En la región cuantifican que les pertenecen 337 millones de euros. Madrid ha sido la única que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta deuda. Lo hizo el pasado mes de octubre.

Barones del PSOE se suman a la reclamación

En el mismo sentido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha recordado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ella misma reclamó al Ministerio entonces liderado por el 'popular' Cristóbal Montoro el IVA adeudado a Andalucía cuando ejercía como consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de Andalucía, pago que ahora como máxima dirigente de la cartera ministerial ha negado a las comunidades autónomas.

En el mismo sentido se han manifestado los dirigentes del PSOE Guillermo Fernández Vara de Extremadura o Javier Lambán de Aragón que indignados se han mostrado confiados en que este extremo se vea resuelto en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien ha recordado que "si no hay solución", la Junta de Castilla-La Mancha "tomarán las medidas oportunas para cobrar un IVA que les pertenece".

Entregas a cuenta congeladas

Otro de los asuntos que le ha afeado Fernández-Lasquetty a Montero sobre lo anunciado en el pasado Consejo de Ministros es la aprobación de los 103.000 millones de euros para las entregas a cuenta de las CCAA. Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben las regiones en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). Dos años después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de crecimiento, el Gobierno tiene que abonar a las regiones lo que les debe.

María Jesús Montero "ha hablado como si fuera una lluvia de millones que cae para las comunidades autónomas y de eso, nada de nada", aseguró Lasquetty. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es prorrogar las entregas a cuenta de 2019, "con dos pequeños reajustes que se hacen todos los años", aseguró el consejero madrileño, por lo que los 103.000 millones de euros es una cantidad previsiblemente menor que lo que les correspondería a las CCAA según la evolución del PIB –y los ingresos– en el presente ejercicio, según las propias estimaciones del Gobierno. Como se observa en el cuadro, apenas hay una diferencia de 200 millones entre los 102.799 millones de las entregas a cuenta que recibieron las CCAA el año pasado –columna amarilla– y lo que van a recibir este –columna gris–, lo que dejaría la financiación a las CCAA prácticamente congelada y podría provocar tensiones de tesorería en alguna de las regiones.

"No es verdad que el Gobierno haya hecho nada extraordinario", aseguró Lasquetty. Las entregas a cuenta de 2020 "no se sabrán hasta que el Gobierno tenga un proyecto de Presupuestos, que está por ver", añadió.

"Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE", explica el Gobierno. Su versión es que "para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019". Los territorios empezarán a recibir estos anticipos "en los próximos días".