El Gobierno balear rechazó dos veces investigar al instituto que tutelaba a las niñas explotadas sexualmente

La presidenta del Govern, Francina Armengol, en Fitur. EFE

El PSOE y el resto de partidos de izquierdas que gobiernan en la comunidad autónoma votaron en contra de auditar el Instituto de Asuntos Sociales.

Con el centro derecha enredado en el debate sobre el pin parental, el Gobierno de Baleares está aprovechando para esconder bajo la alfombra un escándalo de prostitución de menores en centros de protección y tutela públicos que ha alcanzado dimensiones nauseabundas. 

La Fiscalía de Baleares ha abierto una investigación de oficio y el Defensor del Pueblo también ha decidido tomar cartas en el asunto; entre denuncias de los trabajadores sociales y de asociaciones como la Red de Ayuda a Niños Abusados por la "insuficiente" respuesta de las administraciones. 

Éstas se pasan la patata caliente. El Gobierno de coalición que preside la socialista Francina Armengol (con Podemos y los nacionalistas de Més) se escuda en que no tiene competencias porque esas menores están bajo la tutela del Consell, pero a la oposición no le vale el argumento. 

Con el paso de los días se ha ido conociendo que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) estaba al tanto de las múltiples denuncias presentadas por trabajadores sociales y que las autoridades incluso ocultaron el despido de cinco empleados de esos centros en los últimos años por conductas inapropiadas. Previa condena judicial.

El IMAS, dependiente del Consell Insular de Mallorca (administración local), ha reconocido 16 casos de niñas que estaban siendo prostituidas, pero los expertos aseguran que ha habido y hay muchas más. Se escapan para irse con hombres que pagan por sexo o que las compran con regalos o droga. A veces incluso son captadas por sus compañeras más veteranas. 

El PSOE y los partidos de izquierdas que forman el Pacte en el Gobierno en Baleares votaron hasta en dos ocasiones en contra de llevar a cabo sendas auditorías que arrojaran luz respecto a la situación en el Imas, entidad que debía tutelar a las menores que son prostituidas. Así, tanto el Parlament como el Consell de Mallorca han tumbado en los dos últimos años sendas iniciativas presentadas por la diputada del grupo mixto Xelo Huertas y por Vox, para esclarecer lo sucedido en una entidad que consume más del 40% del presupuesto de la institución insular, y cuya gestión está en entredicho tras haber admitido que al menos 16 menores habrían sido víctimas de abusos sexuales solo en el último año.

Yllanes se quedó mudo

Juan Pedro Yllanes, hoy vicepresidente del Ejecutivo de coalición que preside Francina Armengol, ha pasado de combatir los abusos a menores en los juzgados a quedarse mudo.

Llama especialmente la atención la actitud del vicepresidente, el podemita Juan Pedro Yllanes, que no ha dicho una sola palabra al respecto. En su caso en su silencio especialmente elocuente, puesto que Yllanes, hoy en excedencia, fue juez de la Audiencia de Palma de Mallorca y desde allí impuso varias condenas severas por abuso de menores. 

El caso más sonado fue el que protagonizó el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, a quien Yllanes condenó a 13 años y seis meses de cárcel (aunque luego él recurrió y la pena fue menos) por abusar de tres hermanos, dos de ellos menores de 14 y 16 años y otro de 18.

El hoy vicepresidente balear también formó parte del tribunal que en 2011 condenó a 15 años de prisión al presidente de la Asociación Cultural Temps D'Oci por seis delitos de abusos sexuales, cinco de ellos continuados, contra cinco niñas. Aquel caso también tuvo gran repercusión en Palma. 

Y otro juicio que llevó Yllanes fue el de un padrastro condenado a 18 años de cárcel por abusar reiteradamente de su hijastra desde los siete años, sometiéndola bajo coacciones.

Tanto el PP como Ciudadanos acusan al Ejecutivo balear de "oscurantismo" y han iniciado una ofensiva política para que responda, que incluye la petición de una comparecencia urgente en el Parlamento regional por parte de la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Si no va, Cs pedirá la apertura de una comisión de investigación.

Respuestas con sorna

Uno de los más duros fue David Abril (Més), quien aseguró que «poner en cuestión un trabajo público le parecía poco razonable». Señaló Abril que el bienestar de los menores «no se garantiza haciendo espectáculo del tema», y broméo diciendo que el servicio «no funciona como en Hollywood».

Diecinueve meses después, el pasado 12 de diciembre, el debate sobre el Imas se trasladó al Consell de Mallorca. Se hizo esta vez a través de una moción presentada por Vox, mediante la cual se reclamaba una auditoría independiente que permitiera diagnosticar las «necesidades y deficiencias» existentes.

Para el presidente del Imas, Javier de Juan, tal auditoría habría supuesto una «pérdida de tiempo», por lo que los partidos de izquierdas votaron una vez más en contra, mientras el Partido Popular se abstenía, y solo Ciudadanos apoyaba la iniciativa de Vox.

Faltaban 12 días para que una niña tutelada de solo 13 años fuera violada en grupo por media docena de menores, algunos de ellos también jóvenes dependientes del Consell de Mallorca.