Todos pendientes de la Abogacía del Estado

La escandalosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la inmunidad parlamentaria del condenado sedicioso Oriol Junqueras se ha convertido en la piedra de toque de las humillaciones que los separatistas están infligiendo a Pedro Sánchez que anda histérico por cerrar una fecha para su investidura.. Porque si algo parecen tener claro los dirigentes republicanos es que unas nuevas elecciones pueden arrojar un resultado nefasto.

ERC celebró su congreso sin que sepamos a ciencia cierta en que se traducirán sus conclusiones. “Independencia, amnistía, libertad, justicia y autodeterminación”, Cómo extrañarse, pues, de que los líderes de ERC exijan ahora un gesto al Gobierno través de la Abogacía del Estado, a la que pretenden arrancar un pronunciamiento alineado con el fallo –nunca mejor dicho– del TJUE.

Las intolerables presiones del Gobierno a la Abogacía del Estado están siendo formidables. No de otra forma se explica que no se registrara este mismo lunes el escrito solicitado por el Tribunal Supremo, a pesar de que estaba anunciada su tramitación. La vicepresidenta de Sánchez, Carmen Calvo, se ha apresurado a exhibir las tragaderas del Gobierno ante los golpistas y ha asegurado que el Ejecutivo está estudiando la mejor manera de "ayudar" a que se cumpla la aberrante sentencia del TJUE.

El Tribunal Supremo será finalmente el que decida sobre el fondo de una cuestión que parece clara, pues la inmunidad parlamentaria no opera cuando ha habido una condena en firme que, como es el caso, lleva aparejada la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo de representación política.

Lo complicado para los republicanos será negociar sin aparentar sumisión o rendición. Difícil equilibrio cuando se transacciona. Al final será cierto eso de no creer ni lo que uno ve con sus propios ojos. Fallaron a favor de Junqueras y el que más lo disfruta es Puigdemont. Ironías de la historia. De momento, quedan a la espera de ver qué propone la Abogacía del Estado a raíz de la sentencia europea, a la expectativa de un gesto del Gobierno o de un pronunciamiento del presidente en funciones.