La UDEF vuelve a registrar la Diputación de Valencia por la "operación Alquería"

Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, en imagen de archivo

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha informado el TSJCV. La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además del socialista Jorge Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, y miembros destacados de Compromís.

Desde la transformación en 2015 de Imelsa en Divalterra se sospechaba de irregularidades, gracias a denuncias de los empleados, tanto en la transformación societaria, en los nombramientos de su personal “de confianza “de alta dirección, en la ejecución de contratos, de su utilización como herramienta de cultivo de redes clientelares y pago de favores, duplicidad de contratos, fraccionamiento de contratos, entre otros.

Todo esto con el objetivo, presuntamente, de financiar irregularmente al PSPV y Ccompromís además del enriquecimiento personal ilícito; de ahí los registros sincronizados de domicilios particulares y sedes oficiales de todos los detenidos, ya que se busca demostrar el trasvase de fondos, bien a través de donaciones (lo habitual es un 10% del salario todo lo que pase de ahí se consideraría inusual), de los militantes colocados a dedo, bien a través de tramas empresariales adjudicatarias irregularmente a cambio de mordidas o inclusive con facturaciones falsas.

También se sospecha que estos empleos, o al menos alguno de ellos, fueran ficticios, es decir, que ni siquiera acudían a su trabajo, pero si cobraban el salario de entre 50.000 y 70.000 € anuales. El total de lo distraído podría llegar, en unas primeras aproximaciones a los 3 millones de euros (se prevé que esta cantidad solo fuese el principio).

Jorge Rodríguez, que sigue siendo alcalde de Ontinyent, y el resto de investigados defienden la legalidad de las contrataciones y el hecho de que se realizaran por libre designación. Y esgrimen la existencia de cuatro informes jurídicos que los avalaron, incluido uno elaborado por Carlos Alfonso, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Los imputados consideran que, en caso de haber cometido alguna infracción, habría sido en el terreno administrativo.

A las 15.30 horas el TSJCV emitía nota de termino de los registros de la operación “La alquería“, lo que supone que los detenidos, incluidos Jorge Rodríguez, pasen a dependencias policiales y sean puestos el viernes a disposición judicial, mientras se realiza la primera inspección documental para entregar con garantías a los detenidos al titular del juzgado de instrucción nº9. El PSPV ha decidido apartarlo de todos sus cargos.