A la espera de la respuesta de Rajoy

El honorable Puigdemont,  está interesado en saber "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña"; o sea, quiere aclarar si el Gobierno español empleará los medios armados para defender y restablecer la democracia, en el caso de que el citado declare la independencia de Cataluña, sea directamente o, de manera retorcida, mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Puigdemont no ha aclarado si su pregunta la hace por acojone o si más bien lo que quiere es prepararse para el martirio.

Llevamos años con el asunto, se han hecho cosas fuera de la ley y el Gobierno de España, con Rajoy al frente, se ha desenvuelto con una cachaza pasmosa, mandando por delante a unos jueces y fiscales muy comedidos, especialmente lentos en sus dictámenes y renuentes a descargar sobre los sediciosos todas las armas del Derecho.

La pregunta de Puigdemont a Rajoy sobre si piensa usar la fuerza y en este caso los medios que piensa emplear, no ha obtenido del Presidente respuesta alguna, como buen gallego que es. Aunque yo no malgastaría medios, creo que con un notificador judicial acompañado de una pareja de guardia civil iba ser suficiente para que el honorable junto sus compañeros de sedición tomaran, como otras veces, el camino del exilio voluntario.

Pero hete aquí que esos mismos jueces que deberían dictar la orden de detención –por boca de quien hasta hace poco ocupó la presidencia del Tribunal Constitucional– le han dicho a Rajoy que han llegado a su límite y que los tribunales no están para parar los golpes al Estado. Así que parece que Rajoy se ha caído del guindo y ha debido de pensar que tiene que ser el quien no va a tolerar ni un paso más hacia la independencia. Por eso, la pregunta de Puigdemont podría tener mucha enjundia, pues el Estado español, como todos los Estados que se precien, ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza. 

Un monopolio ciertamente sujeto a la ley, sin que ello obste para que pueda resultar abrumador, incluso en nuestras circunstancias, después de que el buenismo que ha impregnado nuestra política sobre estos asuntos durante los últimos veinte años haya descafeinado buena parte de las normas jurídicas que regulan todo esto. Vamos, que es para acojonar, amedrentar, atemorizar, más aún si, como es el caso, el Gobierno nada dice sobre los pasos que está dispuesto a dar para abortar la secesión.

Así que en esto estamos, esperando a ver cómo se desarrolla el drama, si deriva en esperpento o en tragedia, que para todo puede haber, pues ya hemos visto muchas cosas cuando lo de Ibarretxe y los vascos, aunque lo de los catalanes pudiera acabar siendo de otra manera.