Isabel Celaá declara la guerra a la concertada al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, toma posiciones ante el avance de Podemos y se ha quitado la careta lanzando este jueves toda una declaración de guerra a la escuela concertada, donde estudia casi una cuarta parte del alumnado español. En el marco del Congreso de Escuelas Católicas, ante más de 2.000 representantes de esta modalidad de enseñanza, ha asegurado que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución". Sus palabras han causado un intenso murmullo de malestar entre los asistentes, que ha llevado a Celaá a pararse y matizar: "No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27".

La ministra sostiene que el derecho de los padres a elegir colegio "forma parte del haz de derechos que pueden tener los padres en las condiciones legales que se determinen", pero no del artículo 27, tal y como asegura que dice una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. 

El artículo 27 de la Carta Magna es el que reconoce la libertad de enseñanza. Su apartado 3 dice textualmente: "Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Su apartado 6 añade: "Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales".

Bajo estos dos puntos se cobijan los defensores de la escuela concertada y son la base, también, del artículo de la Lomce del PP que establece la oferta de plazas en función de la llamada "demanda social". Este término, el de "demanda social", permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo piden las familias, porque tienen derecho a recibir la formación que esté de acuerdo con sus convicciones. En la última versión del proyecto de reforma educativa del PSOE, se eliminó esa "demanda social" con el argumento de que se había producido un "abuso" en la cesión de suelo público a colegios concertados.

Fuentes de la concertada explican que, sin esa expresión de "demanda social" en la ley, están indefensos ante los intentos de determinadas comunidades autónomas (Comunidad Valenciana o Aragón) por cerrar unidades concertadas o impedir la construcción de nuevos centros. Celaá defiende, por el contrario, que este concepto ha permitido que "la escuela pública sea subsidiaria de la concertada" en regiones como la Comunidad de Madrid. Su objetivo es que la red pública tenga "preeminencia", mientras que la concertada sea "complementaria".

El abogado Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, explica que la sentencia del 1981 a la que ha aludido la ministra "se refiere a la Loece, y en ella efectivamente se dice que no está literalmente expresado en el artículo 27 que los padres tienen derecho a elegir centro, pero esta sentencia ha sido superada por otras sentencias donde el tribunal interpreta el artículo 27 de una forma más amplia e integrada y donde se reconoce que los conciertos tienen que hacerse en base a la demanda de las familias".

"Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir", ha advertido este jueves Celaá. "De ninguna manera pueden decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que pueden tener los padres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución", ha añadido.

Los asistentes al Congreso han expresado sonoramente su protesta y Celaá ha tenido que terciar, asegurando que "la regulación que hemos venido haciendo del principio de libertad de enseñanza durante estas décadas de democracia ha sido equilibrada y consensuada". "Lo demuestra el régimen de conciertos. Este modelo nos ha permitido estabilizar las proporciones de estudiantes atendidos por la red pública y por la red concertada", ha añadido, recordando que, en 1992, un 67% de estudiantes estaban matriculados en la red pública y que ese porcentaje se ha mantenido hasta hoy.

Las palabras de Celaá, en realidad, son un mensaje directamente dirigido a los nuevos socios de Unidas Podemos, a quienes implícitamente les dice que no van a permitir que el número de alumnos matriculados en la concertada crezca, y también constituyen una declaración de principios educativos de cara al nuevo Gobierno por parte de una ministra que no tiene demasiado clara su continuidad en el puesto.

Durante la legislatura pasada, Unidas Podemos le habia reprochado a Celaá su tibieza educativa. La formación morada pide en su programa electoral una nueva ley que "será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social" y "blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo". Plantea, en definitiva, dar primacía a lo público. También exige que la Religión salga del horario escolar obligatorio, algo que Celaá se ha resistido a hacer, a pesar de que así lo prometía el Pedro Sánchez de los comienzos.

En realidad, a Unidas Podemos se ha dirigido este jueves la ministra, y no a las asociaciones de padres y patronales católicas presentes en el congreso. Unos asistentes han interpretado las palabras de Celaá como "una provocación", otros como "una metedura de pata", unos terceros como "el principio de una nueva postura por parte del Ministerio" y, en general, con "sorpresa" y "malestar".

La Conferencia Episcopal espera que sea "un lapsus"

La Conferencia Episcopal ha reaccionado a las palabras de la ministra en funciones esperando que hayan sido "un lapsus". "De no ser así", ha señalado su secretario general y portavoz, Luis Argüello, "supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social, en el espacio público que las Administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los Tratados internacionales firmados por el Estado".

"El artículo 27 de la Constitución,leído en sus 10 puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres", ha recordado Argüello.

Art 27.3: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". 

Isabel Celaá niega este derecho constitucional. Preparémonos, van a por nuestros hijos.

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