Puigdemont ya cree viable su extradición a España

El expresidente catalán, Carles Puigdemont | EFE

La Fiscalía pedirá reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont tras la sentencia del 1-O. Según las fuentes jurídicas consultadas por LD, el Ministerio Público trasladará su petición al juez Llarena tras estudiar con detalle la sentencia.

La Fiscalía pedirá reactivar la euroorden de detención contra el expresidente catalán fugado a Bélgica, Carles Puigdemont, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Esta petición se trasladará al magistrado Pablo Llarena "tras estudiar con detalle la sentencia" sobre el golpe.

El Ministerio Público también solicitará que se reactive la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE, contra el resto de golpistas que se han sustraído a la acción de la justicia. Es decir, contra los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret huidos a Bélgica; la exconsejera Clara Ponsatí que escapó a Escocia; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, fugadas a Suiza.

Las mismas fuentes apuntan que la euroorden "tendrá obviamente mucha más fuerza tras el falló del Tribunal Supremo", ya que los golpistas no estarán investigados o procesados, sino "condenados". En estos momentos, los magistrados del Supremo todavía no han deliberado sobre las penas de cárcel del 1-O "para evitar filtraciones" y manejan el lunes 14 de octubre, como fecha tope para dictar la sentencia sobre el golpe.

Tras la petición de la Fiscalía, el magistrado Llarena tendrá que adoptar una decisión. Previsiblemente, acepte cursar las OEDE contra los golpistas fugados pudiendo presentar ante la justicia europea una sentencia condenatoria del más Alto Tribunal español.

El objetivo es juzgar en el Supremo a Puigdemont y a Comín por rebelión y malversación; a Rovira por rebelión y a Puig, Serret y Ponsatí por malversación y desobediencia. Por su parte, Gabriel al haber sido procesada sólo por desobediencia, posiblemente fuera juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al igual que el resto de exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán.

Puigdemont y su posible extradición

Dos elementos nuevos del conflicto catalán parecen estar provocando un cierto pesimismo en el grupo de Waterloo sobre el futuro juidicial de Puigdemont. Se trata, por una parte, de la muy probable petición de una nueva euroorden contra él después de la sentencia del juicio por los hechos del otoño de 2017, y por otra, de sus supuestos vínculos con algunos de los miembros de los CDR recientemente detenidos, acusados de actividades relacionadas con el terrorismo.

Precisamente, el prófugo Carles Puigdemont se refería este martes a su posible extradición. Según el expresidente catalán, le quieren colgar la "etiqueta de terrorista" para facilitar su extradición en el marco de la causa contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que se sigue en la Audiencia Nacional. En una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, aseguraba que se está preparando una nueva orden de detención europea contra él y que "si puede ser por una causa de terrorismo, mejor".

Además, Puigdemont afirmaba ser perfectamente consciente de la posibilidad de una extradición y decía estar "preparado para afrontarla", aunque matizaba que para lo que está preparado sobre todo es para evitarla. "Tenemos argumentos para defendernos muy bien. Si al final del recorrido jurídico hay una extradición inevitable, yo lo afrontaré. Mi propósito es poder defenderme en un marco de garantías. Si la decisión de Alemania hubiera sido extraditarme, yo lo habría aceptado".

Fuentes independentistas dicen que el ex presidente está muy nervioso ante la posibilidad de que se plantee una nueva euroorden que, además de recoger las calificaciones delictivas de la sentencia del juicio, pueda incluir esas presuntas relaciones con miembros de los CDR detenidos en una operación impulsada por el juzgado número seis de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Manuel García Castellón.

Puigdemont, por si acaso, ha condenado claramente la violencia, en un intento de desmarcarse del asunto de los miembros de los CDR. Las mismas fuentes dicen que el ex presidente está empezando a percibir un notable aumento de su vulnerabilidad judicial, ante la eventual reactivación de la euroorden pidiendo su extradición a España. La posibilidad de esa extradición ya no le parece un disparate.