Ministra Montero... Ni los hospitales ni los colegios están en funciones

La crisis por el bloqueo de la financiación autonómica sube de tono. Los jefes de distintos gobiernos regionales y particularmente las Comunidades del PP, reclaman la celebración urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se aclaren las razones por las que el Ejecutivo no liquida ya los cerca de 7.000 millones de euros que, en conjunto, les adeuda.

Hacienda se enfrenta a una ofensiva de las comunidades autónomas por los recursos pendientes por la recaudación de este año. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes para transferir 4.739 millones de euros a las comunidades. El Ministerio se escudó en este organismo para retener estos fondos a las regiones, al estar en funciones. No obstante, el Ejecutivo sí podría haber aprobado por decreto-ley antes de las elecciones, cuando tenía plenos poderes, el reparto de estos recursos ya que la Abogacía solo alude a que no puede sacarlo en funciones.

El Ministerio ha variado su postura: si hace meses señalaba que las entregas a cuenta solo se podían actualizar aprobando los Presupuestos, -en base a las dudas jurídicas que en sus palabras tenía la propia Abogacía del Estado- ahora sostiene que será lo primero que apruebe si se constituye un Gobierno. La razón, según Hacienda, es que estas dudas se han logrado disipar.

El malestar de estas comunidades fue a más, después de que el martes desde el Ministerio de Hacienda reconocieran que aún no tenían una respuesta por escrito de la Abogacía del Estado sobre el aumento de las entregas a cuenta que reclaman las comunidades en el que la ministra en funciones María Jesús Montero lleva tiempo justificando su incapacidad legal para resolver este conflicto. La confusión sobre dicho dictamen –que ayer finalmente sí vio la luz blanco sobre negro– ha servido para agriar aún más la posición y las protestas de los presidentes autonómicos.

El informe en cuestión, de trece páginas es categórico: es jurídicamente inviable que mientras el Gobierno esté en funciones pueda elevar –tal y como preveía los fallidos presupuestos del Estado–, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Sin embargo, los gobiernos autonómicos reclaman más explicaciones.

Fuentes autonómicas señalan que si bien jurídicamente puede ser recurrido, el reparto de las entregas a cuenta en funciones puede articularse mediante un decreto o un acuerdo del Consejo de Política Fiscal: al no contar con oposición política -ningún partido recurrirá ya que todas las autonomías de régimen común están interesadas en esta medida-, el reparto sería viable

Gestión partidista

Ya a finales de febrero, con el Gobierno en funciones, la ministra reconoció que barajaban aprobar vía decreto ley parte del aumento de transferencias a las autonomías estimado para este año –en torno a 5.000 millones adicionales en entregas a cuenta y otros 2.500 millones por los problemas con la aplicación del nuevo sistema de información sobre el IVA–. Aunque necesitaban tener el beneplácito de la Abogacía del Estado. Una vez celebradas las elecciones, sin gobierno a la vista y con las autonomías con el agua al cuello, la situación es aún más complicada. Está claro que la ministra tuvo tiempo suficiente para hacer las transferencias antes de las elecciones,

Algunos gobiernos autonómicos se planteaban ayer utilizar la vía de los tribunales para resolver sus desacuerdos con la Administración central. Así lo dio a entender el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En Catalunya llevan días preparando la demanda. Mientras se abren las costuras del Gobierno de coalición valenciano por los recortes a los que se enfrentan. Podemos y Compromís reclaman consenso a los socialistas.

Ciudadanos va a pedir la reprobación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "mentir" al decir que existía un informe de la Abogacía del Estado que excusa al Gobierno en funciones de aprobar la financiación autonómica, y posteriormente reconocer que aún no disponía del documento.

De Quinto ha manifestado en un comunicado que el Gobierno incumple la ley de Estabilidad Presupuestaria "solo para presionar a los partidos y a las comunidades autónomas con el único objetivo de investir presidente a Pedro Sánchez". "La ministra ha estado alargando la situación lo máximo posible para presionar a las comunidades autónomas dejándolas sin financiación –sostiene–. Es inaceptable que el Gobierno retuerza el brazo a las comunidades para que no puedan elaborar sus presupuestos".