La Conferencia de Presidentes y el "boicot" catalán y vasco

El Próximo martes va a arrancar la llamada Conferencia de Presidentes, Pretende ser un nuevo marco donde se pueda reanudar un dialogo roto entre el Gobierno central y las Comunidades vasca y catalana. Rajoy confiaba en que esta conferencia de presidentes fuera el punto de partida de una nueva etapa de diálogo fructífero con todas las comunidades, y desde luego pensaba de forma especial en Cataluña, cuya participación se habría interpretado en el Gobierno como un «gesto» positivo para buscar una solución viable y legal frente al desafío independentista. Pese a esas ausencias, confirmadas desde hace semanas, en La Moncloa se niegan a hablar de «fracaso» en una cumbre que estará coja desde el principio.

El presidente pidió hace solo dos días ese «primer paso» a Puigdemont. Pero este no ha movido un milímetro su posición. Pero dos irresponsables, Urkullu y Puigdemont asistirán a ella,  con el propósito de boicotear cualquier acercamiento 

El Gobierno de Rajoy hizo ayer una nueva invitación a los líderes autonómicos del País Vasco y Cataluña para que cambien de opinión y acudan el próximo martes a la VI Conferencia de presidentes. La agenda de temas que se tratarán es «enormemente importante», y «exige» la presencia tanto de Íñigo Urkullu como de Carles Puigdemont, aseguró ayer el ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. 

Y todo ello es cierto ya que se han trasladado a este foro diez acuerdos que se quieren aprobar y que interesan mucho a ambas comunidades. 

El Gobierno ha querido potenciar este foro y tiene preparados ya diez borradores de acuerdos, consensuados con los participantes, para que se aprueben el martes en el Senado. Uno de ellos se refiere al funcionamiento mismo de la cumbre, para que se celebre anualmente, «como órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas». Se trata de todo un cambio de actitud por parte del Gobierno de Rajoy, que solo había convocado una cumbre hasta ahora, el 2 de octubre de 2012. En aquella ocasión estuvieron Artur Mas, como presidente de la Generalitat, y Patxi López, como lendakari. Pero ni los resultados y ni los acuerdos pasaron a la historia. Y es ahí donde el Gobierno quiere introducir los mayores cambios, para que la cumbre sea realmente efectiva.

El portavoz del Gobierno repasó ayer la lista de los otros nueve acuerdos que se quieren aprobar. El primero es sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar y el nuevo modelo de financiación autonómica. Los firmantes quieren crear en un plazo de un mes una Comisión de expertos, integrada por los que proponga el Estado y uno por Comunidad. Esta Comisión empezará a trabajar de forma inmediata y en ella también participará la Autoridad Fiscal Independiente (Airef). La intención del Ejecutivo es mantener la invitación a los ausentes, en este caso a Cataluña por ser parte fundamental en el sistema de financiación, para que se incorporen a los trabajos de esta Comisión de expertos. De forma paralela, se pretender abordar el sistema de financiación de las entidades locales.

Sistema de dependencia

En un mes también se constituirá otra comisión para analizar el sistema de dependencia, y determine la situación actual, su sostenibilidad y las posibles vías de financiación en el futuro por parte del Estado.

El segundo borrador de acuerdo se centra en una estrategia nacional frente al reto demográfico. Los presidentes se comprometen a que en 2017 se apruebe esta estrategia, con una respuesta para paliar el progresivo envejecimiento de la población, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

En el acuerdo sobre el Pacto por la Educación, se pedirá al Gobierno que se convoque la Comisión General de las Comunidades Autónomas, para celebrar un debate monográfico.

La cooperación en materia de protección civil será también motivo de consenso. En el primer trimestre deberá estar constituido el Consejo Nacional de Protección Civil. Otro de los acuerdos se centra en el desarrollo y aplicación de la ley de garantía de la unidad de mercado y de la movilidad interadministrativa. También aquí el contenido es bastante genérico: avanzar en la cooperación, «trabajar leal y conjuntamente» para potenciar la movilidad, analizar la interinidad en los servicios públicos esenciales, impulsar la Administración Digital...

Los presidentes se comprometerán a crear en un plazo de tres meses un grupo de trabajo para poner en marcha la tarjeta social. También se garantizará la participación de las Comunidades en el desarrollo reglamentario del Decreto Ley del Bono Social. Se coordinarán mecanismos para identificar a los consumidores vulnerables de mayor severidad para asegurar el suministro eléctrico, y se identificarán los programas sociales.

Además, se pretende convocar la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE, para agilizar la toma de decisiones, y se examinará el sistema de transmisión de información. No faltará un acuerdo sobre el empleo, dirigido a modernizar los servicios públicos, mejorar el Sistema de Formación Profesional y favorecer la empleabilidad de colectivos vulnerables.

Borradores de acuerdo

Financiación autonómica

En un mes se creará una comisión de expertos, que hará el análisis para un nuevo modelo de financiación autonómica, en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos. De forma paralela, se abordará la reforma del sistema de financiación local.

Estrategia demográfica

En 2017 deberá estar aprobada la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que diseñará una respuesta conjunta y de futuro para paliar el problema del progresivo envejecimiento de la población, el despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. Se defenderá la respuesta ante las instituciones de la UE.

Pacto por la Educación

Se encomendará al Gobierno de España la solicitud de convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre educación, que incorpore las aportaciones de las autonomías a los trabajos del Pacto de Estado social y política por la Educación.

Cooperación en protección civil

Antes del 31 de marzo se constituirá el Consejo Nacional de Protección Civil. A partir de un trabajo conjunto, se pretenden configurar las actuaciones administrativas en la materia como un sistema coordinado que incluya todas las aportaciones y medios de que dispones las diferentes administraciones españolas.

Unidad de mercado

El objetivo es avanzar en la cooperación entre Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado, la buena regulación en el territorio nacional y la movilidad interadministrativa. Los firmantes se comprometen a trabajar «leal y conjuntamente» para potenciar esa movilidad voluntaria.

Impulso de la tarjeta social

En tres meses se creará un grupo de trabajo con participación de la Administración General, las Comunidades, las Ciudades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias para el diseño y la puesta en marcha de la tarjeta social., que será una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

Pobreza energética

Coordinación de mecanismos de comunicación entre administraciones y las empresas del sector eléctrico que permitan identificar a los consumidores vulnerables de mayor severidad, con la participación de los servicios sociales. Identificar los programas sociales existentes para sufragarles el suministro.

Comunidades y Unión Europea

Se prevé la convocatoria de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, para analizar su funcionamiento y asegurarse una mayor agilidad y flexibilidad. Reforzar la dimensión europea en el marco de las conferencias sectoriales, que participarán más en la posición española ante la UE.

Políticas de empleo

Modernización de los servicios públicos de empleo y mejora de los instrumentos de coordinación. Mejorar el Sistema de Formación Profesional para el empleo, sobre todo en Formación Dual. Favorecer la empleabilidad de colectivos vulnerables, como los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración.

Reglamento de la Conferencia

La Conferencia de Presidentes se celebrará anualmente, como órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. Se modificará el reglamento para que el Comité preparatorio tenga funciones de impulso, seguimiento, evaluación y ejecución de los acuerdos adoptados.Los absentistas y el manifiesto contra la hispanofobia

Cansancio de los ciidadanos ante tanta provocación que no va a ninguna parte

En la sociedad española se percibe una hartura hacia la impostura de los dirigentes nacionalistas que arrastran a los ciudadanos de ese credo a interiorizar lo español como hostil a sus intereses. Debería quedar claro a los vascos y a los catalanes, piensen como piensen, que sus presidentes no se ausentan, sino que practican el absentismo político, lesivo, sin duda, para los intereses de Cataluña y Euskadi.

El próximo martes en la Conferencia de Presidentes habrá dos irresponsables absentistas: los presidentes vasco y catalán. Ambos, pese a sus diferencias, participan del torticero recurso de protagonizar 'performances' que culpabilizan al Estado, y, por derivación, a España, de los males, insuficiencias y frustraciones —ciertos o inventados— que afectan a sus respectivas comunidades. Lo acaba de decir Josep Piqué: en Cataluña se ha permitido que España sea la “culpable” de las incapacidades de su clase dirigente, antes nacionalista y ahora secesionista.

En la sociedad española —incluida buena parte de la catalana y la vasca— se percibe una hartura casi insoportable (también una significativa indiferencia a sus proclamas) hacia la impostura de los dirigentes nacionalistas que, mediante una subrepticia hispanofobia, arrastran a los ciudadanos de ese credo a interiorizar lo español como hostil a sus intereses. Se permiten, para excitar permanentemente ese estado de emotividad negativa, martillear con la tesis de la “baja calidad” de la democracia española cuando —como bien subraya el manifiesto de Concordia Cívica— si el sistema de libertades con el consiguiente desafío a las leyes se ha deteriorado, ha sido, precisamente, en Cataluña y en el País Vasco. En el primer caso, la Constitución se infringe paladinamente; y en el segundo, además de ocultar cualquier símbolo español, todavía se vive bajo las secuelas más terribles de su reciente historia. 

Los ciudadanos vascos y catalanes no van a entender que sus presidentes no asistan a una reunión donde se van a tomar acuerdos sobre temas muy importantes que afectan a todo el conjunto de la población y que les van a afectar en un futuro porque sus dirigentes hayan dejado de cumplir con su obligación y se hayan autoexcluido.