Cinco edificios de regalo de Colau para los okupas

Ada Colau sigue practicando el activismo desde su sillón como primera edil de Barcelona. Su última decisión ha sido entregar cinco inmuebles municipales a los okupas de la ciudad, pese a que algunos de ellos estaban destinados a convertirse en espacios para personas mayores.

Durante los nueve meses que lleva gobernando en la ciudad catalana, Colau ha permitido esta ocupación sin poner ningún remedio. A pesar de las reiteradas denuncias por parte del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, la alcaldesa no ha tomado ninguna medida para frenar estas violaciones de la propiedad privada.

Edidfio de Transformadors, uno de los inmuebles okupado

La regidora de la ciudad de Barcelona ha permitido en los últimos nueve meses, tiempo que lleva en el cargo, que los okupas se hayan apropiado de cinco inmuebles municipales sin poner ningún remedio, alguno de ellos destinado a convertirse en espacio para personas de la tercera edad.

A pesar de las reiteradas denuncias por parte del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, la alcaldesa ha hecho oídos sordos y no ha tomado ninguna medida para frenar estas okupaciones. Todo lo contrario, ha dado facilidades tales como la de no llevar a cabo su desalojo antes de las primeras 48 horas o, en algún caso, dándoles suministro de luz del propio Consistorio. El último episodio se produjo este mes de marzo y se trata de otro edificio municipal situado en el Pasaje Sant Bernat nº9 en el Barrio del Raval del distrito Ciutat Vella.

El representante del PP denunció su okupación inmediatamente ya que si se produce el desalojo antes de las primeras 48 horas de la okupación, puede frenar que ésta se convierta en algo indefinido. Sin embargo, la regidora no respondió. Esta finca de Ciutat Vella está calificada como equipamiento y se encontraba tapiada antes de que los okupas derribaran el muro para facilitar la entrada del mismo.

Para Fernández: “Colau pretende hacer como alcaldesa lo que hacía como activista, debe rechazar la okupación ilegal de pisos públicos, porque además de legalizar un delito, es un agravio y menosprecia a todas aquellos vecinos que tienen la necesidad para acceder a una vivienda pública, inscribiéndose al registro de solicitantes, no por ello pegan una patada o realizan un ‘palancazo’ en la puerta”.

El pasado 9 de febrero desde la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento que dirige Ada Colau, se promovió un nuevo reglamento en el que se prevé la regulación de los pisos okupados en función de si han estado habitados más de dos años, entre uno y dos años o menos de un año. Con ello Colau intenta regular la situación de los espacios okupados. “Un reglamento que ni se ha discutido en el Consejo de Vivienda Social”, según Fernández.

Para el presidente del Grupo Popular en el Consistorio: “Con este reglamento, la alcaldesa Colau reconoce que en Barcelona hay pisos públicos okupados, por lo que pedimos conocer el número total de estos inmuebles y qué acciones se han realizado para poner estos pisos a disposición del consistorio, sea para los solicitantes de vivienda pública de Barcelona o en la Mesa de emergencias sociales”.

Los okupas derribando el muro que cerraba el edificio

Fuentes cercanas al Ayuntamiento aseguran que estas medidas pueden provocar un “efecto llamada” ya que son muchas la personas que necesitan una vivienda social y que podrían imitar la forma de actuar de los okupas “simplemente derribando un muro y apropiándose del edificio”.

Viviendas okupadas de Hort de la Vila de Sarrià

El inmueble del Raval es el último episodio de los edificios municipales okupados ya que otros inmuebles emblemáticos lo fueron y continúan estándolo entre ellos: el edificio Transormadors en el Barrio del Eixample (este inmueble en concreto estaba destinado a convertirse en un equipamiento para personas mayores), la antigua comisaría de Gràcia, las viviendas de la calle Hort de la Vila de Sarriá mientras se ha mantenido la okupación de Can Víes en Sants.