El caso innova

Las nueve detenciones de este martes, entre ellas la teniente de alcalde de Reus, son el último capítulo de la investigación de una de las tramas más complejas de presunta  corrupción en  Catalunya de los últimos años. El caso gira alrededor de la gestión de Innova, el holding de empresas municipales de Reus creado en 2002 y desmontado en 2014, y ya acumula diez piezas separadas, una cincuentena de imputados y salpica a numerosas localidades de la provincia de Tarragona.

Desde 2013, el caso alrededor de la gestión del holding municipal acumula nueve piezas y una cincuentena de imputados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación o malversación, entre otros. 

Aunque buena parte del macroproceso que se instruye en el juzgado número 3 está bajo secreto de sumario, ha transcendido que los investigadores centran sus esfuerzos en arrojar luz a una gestión opaca y presuntamente irregular de los responsables del conglomerado de una veintena de empresas municipales, entre los cuales se cuentan políticos de todos los colores. Se sospecha de numerosas adjudicaciones a dedo y pagos irregulares o sin justificar. A los encausados se les imputan delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental e incluso blanqueo de capital. Y el resultado de esta gestión es significativo: en 2012, el holding acumulaba una deuda total de más de 200 millones de euros. La deuda de la ciudad de Reus era entonces nada menos que la más elevada de Catalunya.

El caso comenzó a destaparse hace tres años, cuando la CUP -que en 2011 lograba representación en el consistorio- ante Fiscalía a Josep Prat, presidente de Innova y del Institut Català de la Salut (ICS) tras conocerse que compaginaba sus cargos públicos con el de vicepresidente de un grupo sanitario privado. Al estallar el escándalo, Prat simitió pero la investigación ya estaba en marcha y comenzaron a transcender más detalles, como el desorbitado sueldo de Prat en Innova, que ascendia a 280.000 euros anuales. También entonces se supo que Prat había utilizado Innova para abonar más de 700.000 euros a su sucesor al frente del Servei Català de la Salut (CatSalut), Carles Manté, entre 2007 y 2011 por unos supuestos trabajos de consultoría. El dinero procedía del hospital Sant Joan de Reus, financiado por CatSalut.

Ese mismo año, la formación local Ara Reus -el otro partido que había logrado entrar por primera vez en 2011- presentó una querella criminal contra ambos. A raíz de la misma, el juzgado de Reus ordena ese 2013 el registro de los domicilios de de Prat y Mante, les detiene y les imputa los delitos de estafa, malversación pública y tráfico de influencias. Una de las principales polémicas de este caso en particular afectaba directamente a la Generalitat, ya que el sumario del juez apuntó a que desde la propia conselleria de Salut, encabezada por Boi Ruiz, se planteó la posibilidad de sufragar la defensa de Prat, algo que el Govern tuvo que negar ante el juez.

Conforme avanza la investigación, se extiende el número de implicados y de delitos, y va aflorando un gigantesco entramado de favores público-privados entorno a Innova. Entre los imputados, cabe destacar el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC) o el presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-Seca, Josep Poblet (CiU), que fue encausado por los pagos hechos desde la localidad a un exalto cargo del CatSalut.

Pero casi nadie se salva. En Reus, hay imputados ediles de PSC, CiU, PP, ERC e ICV. En marzo de ese mismo año, estalló el llamado caso Shirota, derivado del Innova, y por el que se investiga a todo el gobierno municipal de Reus entre 2007 y 2011 por avalar con tres millones de euros a la filial de Innova, Shirota Functional Food, una sociedad de investigación nutricional que dirigía Manté. La empresa semipública quebró en 2012 pero el Ayuntamiento tuvo que asumir todas las pérdidas. Es por esta pieza que también está imputado el exalcalde Pérez, así como todo su equipo municipal. En el caso del exalcalde y de Poblet, también se les acusa de irregularidades en el proyecto de construcción del nuevo hospitaldel municipio, el Sant Joan.

En otra piezas, se investigan asuntos como el que afecta al exregidor de Urbanismo de Reus, Jordi Bergadà (ERC), quien presuntamente facturó desde su despacho particular unos 70.000 euros a Tecnoparc, una de las empresas de Innova. Por una situación similar, obtener supuestamente contratos del holding para una de sus empresas, un exedil del PP, Juan Gallardo, fue cesado por su partido.

Y el pasado enero se conocía otro caso derivado al detenerse al presidente de la empresa Ambulàncies Baix Ebre, Bernardo Coslado -que, además, es el presidente de la patronal del sector del transporte sanitario-, por supuestas irregularidades en la adjudicación de servicios por parte del grupo Sagessa, la filial sanitaria de Innova. De hecho, precisamente de Sagessa se investigan numerosos contratos y las detenciones y registros en localidades como Amposta, Valls o Cambrils de este martes, que quizás no serán las últimas, se enmarcan en este contexto.

Todo ello hay que situarlo en un marco social general, no solo sanitario, concebido por el gran ruralista y gran reaccionario Jordi Pujol. Corresponde también al que querría imponer Mas en Cataluña. Es comprensible que esa voluntad política de imposición de control social fuera importante en unas tierras, como las del Ebro, mal tratadas por la historia.

Estructuras sanitarias y de CDC

En ellas hay una brutal superposición de estructuras sanitarias clientelares y de médicos de CDC con cargos políticos. Podría escribir de memoria una larga lista. Si alguien se toma aquellos médicos de CDC -o la propia CDC- como una vía hacia la modernidad se lo tiene que hacer mirar.

Allí, cerca del Ebro, el poder clánico es el real y efectivo. Un poder con derivaciones corruptas muy arraigadas, a menudo consideradas naturales, inmanentes. Conozco muy bien Sicilia y he escrito un montón sobre ella. Aunque conozco mejor Córcega, isla de la que he escrito más. No hay tierras idénticas, pero algunas tienen males similares. En los tres lugares, es difícil llevar a cabo políticas modernizadoras. Mas ni lo ha intentado, sino que más bien ha buscado sacar más beneficios, excitando mitos paternales seculares. Pero la realidad es que en sectores sanitarios la ilegalidad contractual puede alcanzar cuotas del ochenta por ciento. Ahora se deberá precisar judicialmente.

En aquellas tierras el entorno político real, cien por ciento de CDC y controlado por este partido, es el factor dominante. La voluntad de Mas de extender, tanto como pudiera, aquel sistema a toda Cataluña ha terminado en un desastre jurídico. Todo ha quedado patas arriba. El descabezada sanidad pública costará mucho de arreglar. Pero sería irreparable si Mas, Mas-Colell, Boi Ruiz y otras plagas bíblicas mandan algunos meses más.

Caciquismo del siglo XIX

Mas y CDC obligan a invocar el peor caciquismo -el de la Restauración, en el siglo XIX- junto al descontrol económico y administrativo con fines de corrupción económica y, en definitiva, hacen tener siempre en mente el concepto jurídico, de derecho positivo español, de "consorcio criminal".

Empecé a exponer el caso Innova, el marco sanitario y el inefable Josep Prat, en primicia total, diga lo que diga El País, en octubre de 2011. Las hemerotecas no pueden mentir.

Fue una primicia que siempre ha reconocido la CUP de Reus, organización que, después de mis artículos, tuvo el acierto de llevar el tema a los juzgados. Ahora han llegado algunos frutos jurídicos, en forma de imputaciones a dirigentes de CDC. Irán llegando muchas mas. La CUP ya ha conseguido la pluriimputación de Josep Prat, hecho maravilloso, clave y justo.

El sistema Innova y el 'sector negocios de CDC'

Fue en Reus donde nació el sistema Innova, que luego Mas, a través de Josep Prat, quiso imponer al resto de Cataluña. Lo decidió antes de ser presidente de la Generalidad y con el deseo determinante de servir a los intereses del 'sector de negocios sanitarios de CDC', grupo de multimillonarios, la mayoría gracias a CDC y a la sanidad. En varias ocasiones he dado los principales nombres.

Prat usó los servicios de la consultora multinacional PricewaterhouseCoopers para diseñar un plan muy preciso que llevaría a liquidar el Instituto Catalán de la Salud (ICS) en base de crear 22 Innova más. Debían ser 14 consorcios de atención primaria y ocho hospitalarios. Era patente el intento de privatizar todo y de beneficiar al 'sector de negocios sanitarios de CDC'. Ningún gran diario dijo nada crítico, por no decir nada en absoluto.

Medios serviles

Después, la Generalidad tuvo que ir modificando ese plano. Surgieron otros intentos de consorcios privatizadores, siempre con finalidad destructiva y de convertir en negocio lo que había sido una sanidad pública. Se fue viendo el plumero, aunque la mayoría de partidos no decían casi nada, y que ERC entonces lo iba apoyando, no en base a ninguna capacidad de análisis, sino por efecto mágico de muchas demagogias.

Merece especial recordatorio la imperdonable actitud de lameculos de TV3 y de todos los medios de la Generalidad, olvidando elementales principios deontológicos. Lo mismo hizo la prensa subvencionada, en especial La Vanguardia. Sin esta protección mediática descarada y dadas las acciones judiciales de la CUP en curso desde hace años, el problema hubiera tenido que entrar en una línea de resolución hace tiempo. Pero todo indica que hay tema para muchos meses. Mientras tanto, la descarada y cínica CDC intentará lo imposible. Son unos desvergonzados y agotan. Pero hay que mantener los ánimos. Todo va de vida o de muerte para miles de ciudadanos.

Ayer TV3 se superó a sí misma en cinismo. Al mediodía trató el tema de la peor manera posible. En una pieza de su noticiario hizo parecer que las peores consecuencias de lo que pasaba era la suspensión temporal de un pleno municipal en Cambrils. Hay que ser caradura.

Proceso judicial determinante

El proceso judicial será determinante, dado que CDC en este momento se atreve incluso despreciar el Parlamento autonómico. Esto da una idea de hasta qué punto CDC necesita la ayuda de su 'sector de negocios sanitarios', en un momento de necesidades preelectorales. Este sector nunca se ha escondido -a pesar de su silencio- en cuanto a que quiere el fin del sistema público. En particular, luchan por la desaparición del Derecho Administrativo. Se toman el dinero público como dinero privado y bien suyo.

Precisamente ayer aumentaron los grandes indicios de movimientos de dinero por caminos de interés judicial, en una acción legal de mera defensa social. Habrían participado algún centenar de miembros de la Guardia Civil, obrando como policía judicial, después de muchos meses de instrucción procesal, con más de 50 imputados.