El saqueo de Andalucia 129 – Una campaña electoral judicializada

Ha empezado la pre campaña por Andalucía y la presidenta Susana Diaz va a tener toda clase sobresaltos a pesar de salvar momentáneamente a tres de sus ex consejeros socialistas antes de disolver el Gobierno ha garantizado este lunes que en las listas de su partido a las próximas elecciones autonómicas "no va a haber ningún imputado" y ha pedido "respeto" para los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo, incorporados por los socialistas como nuevos miembros de la Diputación Permanente del Parlamento en previsión que pudieran ser incluidos en la lista electoral del PSOE.

"En las listas del PSOE no va a haber ningún imputado. Y el hecho de que yo plantease en un momento determinado, y lo mantengo, que no iba a mantener en el Parlamento a ninguna persona que fuera imputada por un delito me acarreó algunos problemas y algún malestar en el seno de mi partido", ha recordado la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha pedido "respeto" porque "en estos momentos no hay ningún parlamentario en Andalucía que esté imputado por un delito y ocupe un escaño en la Cámara".

Imputación a todo el Gobierno de Chaves en 2004

Pero el gozo se ha visto en un pozo. Hoy se ha encontrado un par de misiles judiciales por parte de la Juez Alaya por debajo de la línea de flotación de PSOE. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recibió el pasado lunes la exposición razonada de los ERE que le remitió la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Además de considerar, contra el criterio de la fiscalía e incluso el Tribunal Supremo, que la causa no debe trocearse más y que la competencia del alto tribunal andaluz debe abarcar toda la causa, no sólo lo relativo a los cuatro aforados socialistas, la juez señala como novedad la implicación en el caso de los ERE de un gobierno completo de Manuel Chaves, en concreto, el que tomó posesión el 25 de abril de 2004.

Recuérdese que la tesis de Alaya, incluida en su exposición razonada enviada al Supremo, es que existen indicios sobrados de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años. Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.

Ahora, en su exposición razonada ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y una vez que ha dispuesto de mayor documentación, la juez, dice textualmente que "bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse, a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema (el conocido como "fondo de reptiles")... por el propio Consejo de Gobierno presidido por don Manuel Chaves".

La implicación de aquel gobierno de Manuel Chaves al completo tiene consecuencias porque a aquel gobierno pertenecía, por ejemplo, la actual presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro. También afecta a las elecciones municipales sevillanas porque, dado que el gobierno incluye a los viceconsejeros, uno de ellos era el actual candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. Además, subrayemos las implicaciones de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; de los ex consejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández; de las ahora diputadas en Cortes Concepción Gutiérrez y Cándida Martínez; de la senadora Fuensanta Coves; de la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero; de la ahora parlamentaria autonómica, Rosa Torres y algunos ex altos cargos socialistas ya no aforados como Evangelina Naranjo, María José López, Paulino Plata e Isaías Pérez Saldaña.

Alaya, que subraya la novedad de esta implicación no incluida en la exposición elevada al Supremo, añade que "constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento, por parte de las más altas jerarquías de la Administración autonómica, del uso ilícito de las transferencias de financiación y las consecuencias del mismo". Han sido los abogados del PP los que han aportado los documentos que lo prueban a pesar de que la juez los pidió a la Junta en diciembre de 2014 y sólo recibió parte.

Según la juez, ya está fuera de duda que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Se trata de los informes de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007.

Nuevo secreto judicial para los ERES

Otra decisión de la juez ha sido abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación y declararlas secreto judicial por la "gravedad" en el caso de los ERE ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le han llevado a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la Faffe.

La juez cita en primer lugar la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".

En segundo lugar, la instructora alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento".

En tercer lugar, la juez enumera "las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas", en virtud del Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos "con objeto de desarrollar un 'Dispositivo de Tratamiento Singular' que contemplaba un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, como consecuencia del cierre de la factoría de Puerto Real y su industria auxiliar".

La instructora alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo"

La Faffe, "un instrumento de la consejería de Empleo y el SAE

Este plan, según señala la instructora, se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación -siete subvenciones otorgadas por el SAE a la Faffe por 35,9 millones- y contratación -otorgadas por el SAE a una serie de empresas por un importe total de 70 millones de euros-.

En cuarto lugar, y en relación a las subvenciones otorgadas a la Faffe, la juez recuerda que se trata de una fundación "de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada el 22 de mayo de 2003 por la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo el presidente de su Patronato el titular de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

Según Alaya, la Faffe "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". "Estos empleados, con ocasión de la disolución de la fundación, pasaron a ser empleados públicos", recalca.

Fuente de financiación de Faffe: el SAE

"La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en lo que a la justificación de las mismas se trata", dice la juez, que añade que "entre estas irregularidades se encuentran las siete subvenciones otorgadas dentro del Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno (Delphi)".

A ello se suma que la Faffe "recibió dos subvenciones nominativas en 2009 y 2010 por importe de 25,5 y 24,3 millones, respectivamente, sin que haya presentado justificación", unas "irregularidades" que se pusieron de manifiesto en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según Alaya, la Faffe "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias"

"Gastos inflados"

La juez, además, libra mandamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de que informe sobre las relaciones comerciales, "tanto con clientes como con proveedores, declaradas por la Faffe, como por las empresas beneficiarias de subvenciones en el denominado 'caso Delphi'", entre las que cita a un total de once, como Gadir Solar, Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI, entre otras.

En el mismo auto, reclama a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que, "a resultas de la labor de revisión de expedientes de subvenciones de acciones formativas sin justificar que está acometiendo desde febrero de 2014", informe "de las deficiencias observadas en dichos expedientes, pues entre otros extremos la falta de control por la Administración del uso generalizado de las resoluciones de exoneración pudieron provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios".

No obstante, estos últimos "recibían el pago íntegro de sus subvenciones, a la vez que podrían serle otorgadas otras nuevas, pues los fondos para formación las acciones formativas se incrementaron considerablemente a partir del 2007".

En otro auto, de 9 de enero, la juez pide al SAE distinta documentación sobre la Faffe referida al periodo comprendido entre 2003 y 2011, ya que, "a la vista de que ha sido beneficiaria de multitud de subvenciones a la formación, el estudio de la misma y de la regularidad de las subvenciones concedidas forma parte de la investigación, ante las actuaciones ilegítimas expuestas por el director del Departamento de Gestión".