La hipocresía de la desconexión catalana

Hoy a las cinco, Oriol Junqueras vicepresidente económico de la Generalitat se ha desplazado a Madrid para reunirse con urgencia con Cristobal Montoro para pedir un nuevo anticipo urgente de 350 millones de euros para hacer frente a los pagos más urgentes en farmacias, sanidad y funcionarios, con el fin de que no se produzca una quiebra de la hacienda catalana. El objetivo es abordar los problemas financieros que afronta la Generalitat y solicitar un adelanto de los 1.400 millones de la liquidación positiva para la Generalitat del sistema de financiación correspondiente al ejercicio 2014. Además, Junqueras quiere que se revise el tipo de interés que paga Cataluña por las cantidades que recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La situación es desesperada de tal manera que las agencias de riesgo como Standard and Push ha rebajado aún más la catalogación de la deuda catalana, cuya prima de riesgo se ha incrementado en 95 puntos. Montoro va acudir de nuevo en auxilio de Cataluña advirtiendo que los recursos destinados a Cataluña van en detrimento de otras comunidades. Más de seis años sin poder financiarse de otra manera que no fueran las sucesivas inyecciones del FLA del Estado Español a quien ya adeuda 72.000 millones de euros.

El pago de los 350 millones se produce al mismo tiempo que Cataluña impulsa la creación de su hacienda ilegal. El Parlament ha activado este jueves la ponencia redactora de la ley de administración tributaria catalana, la primera de las tres “leyes de desconexión” del Estado, en la que participarán sólo cuatro diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP con el objetivo de terminar sus trabajos de redacción en tres meses.

Pero el Estado Español que ya ha sido advertido por la Comunidad Europea por el desfase de las Comunidades Autónomas, sigue sin querer intervenir en el destino de los fondos de rescate de una Comunidad que no para de amenazar con desengancharse de España y que para ello no deja de tomar decisiones como montar Agencias Tributarias en todas las poblaciones de Cataluña que pretenden recaudar los impuestos que en este momento son recaudados por el Estado como el IRPF o Seguridad Social.

Tal es así que las retenciones de iRPF de los funcionarios de la Diputación de Barcelona van a ser descontados desde la Hacienda Catalana con la preocupación de que puedan ser abiertos expedientes si esto ingresos no eran recibidos por la Agencia Tributaria. El Ministerio de Hacienda ya advirtió ayer a la Diputación de Barcelona de que, más allá de que planee recaudar el IRPF de sus 5.000 empleados y traspasarlo a la Agencia Tributaria de Cataluña, la cantidad deberá transferirse en tiempo y forma a las arcas del Estado. De no cumplir con la ley, Hacienda abrirá expediente contra el recaudador, es decir, la Diputación, y reclamará la deuda con los recargos correspondientes a cada uno de los contribuyentes afectados.

Por su parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones, se recordó a los empleados públicos que cuando reciben una orden sobre cuya legalidad duden deben presentar una denuncia ante la inspección de su consejería y ante la Fiscalía en los tribunales.