Las peligrosas relaciones del CDC y el yihadismo

Una detención de once miembros del yihadismo radical en Cataluña dispuestos a atentar en el territorio catalán pone de nuevo en cuestión las peligrosas relaciones entre salafistas y los partidos independentistas. Integraban una célula islamista con sede en varias poblaciones de Cataluña. Los detenidos estarían implicados en diversos delitos relacionados con el terrorismo yihadista, especialmente vinculado con las consignas de la organización terrorista Estado Islámico. La mayoría de los arrestos, sin embargo, se han llevado a cabo en Terrassa, con hasta siete. Las demás se han repartido entre Barcelona, Sant Quirze del Vallés y Valls (Tarragona), donde también se ha registrado un gimnasio al que acudían a entrenarse dos de los detenidos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha alertado este miércoles de la actuación "imprudente" de la Fundació Nous Catalans -la sectorial de inmigración de CDC- a la hora de "captar y hacer proselitismo" independentista entre los inmigrantes musulmanes, y ha acusado a esta entidad -dirigida por Àngel Colom- de "frivolizar" con esta cuestión habida cuenta del riesgo de yihadismo que existe en Cataluña. Lo que no deja de ser una novedad que ha sido denunciada en varias ocasiones desde la prensa catalana..

Fernández Díaz ha insistido en que "desde hace un cierto tiempo se ha frivolizado un poco con este asunto". "A raíz del proceso independentista, recuerdo una fundación, Nous Catalans, que a mucha de esta gente se la intentaba captar y hacer proselitismo en el seno de esta comunidad con el hecho de la independencia. Con estas cosas conviene no frivolizar", ha subrayado. "Cataluña es uno de los principales puntos de captación de yihadistas" de toda España. De hecho, en lo que va de año, incluyendo la operación de este miércoles se han detenido 40 personas vinculadas al yihadismo en Cataluña

El ministro ha señalado que Nous Catalans, "en vez de colaborar a una integración normal en el seno de nuestra sociedad", se dedicó a "hacer una cosa diferente y al margen" de la principal entidad coordinadora de las comunidades islámicas en España. "Desde aquella fundación se quería hacer un poco aquello de 'nosotros solos', y hacerlo como se estaba haciendo no era demasiado prudente", ha sentenciado. Colom -quien hace unos meses ofreció a la comunidad musulmana la construcción de una gran mezquita en Cataluña si apoyaban la consulta independentista del 9N- ha criticado las palabras de Fernández Díaz.

El ministro ha puesto como ejemplo el caso de Noureddin Ziani, vinculado a esta fundación y que fue expulsado "por atentar contra la seguridad del Estado por el Ministerio del Interior y de acuerdo con el CNI". "Y a esa persona la conoce muy bien Àngel Colom, que dirige esa fundación. Podría dar más datos, pero prefiero quedarme ahí", ha apostillado Fernández Díaz. Lo que no se entiende es porque el ministro que conocía desde hace ,mucho tiempo esta situación, se haya callado hasta ahora.

La realidad es que de los 1.264 centros de culto islámico identificados en España, las fuerzas de seguridad han vinculado con el salafismo a 98 de ellos. Y algo más de la mitad, unos 50, se encuentran ubicados en Catalunya, según datos de los servicios de inteligencia e información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todas las corrientes salafistas pretenden avivar el islam, retornando a la fe original, rechazando todo lo que identifican como ­interpretaciones humanistas posteriores a la revelación del Profeta. Los salafistas condenan por ello el islam más popular al considerarlo fruto de innovaciones y del intelecto humano, lo que a su juicio aleja la fe musulmana del primigenio mensaje de Alá.

Unas cifras que ponen en evidencia que Catalunya aglutina hoy a más del 50% de los centros salafistas desde los que –según las fuentes señaladas– se difunde un mensaje y una interpretación integrista de la religión musulmana que chocaría directamente con los valores y las normas democráticas españolas y el modelo de convivencia propios de la Unión Europea. Una realidad que causa alarma entre los investigadores y plantea cuestiones legales acerca del derecho a la libertad religiosa, por cuanto puede vulnerar preceptos constitucionales, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejan, en todo caso, a criterio de la justicia.