El saqueo de Andalucía 105 – Pájaros disparando a las escopetas

La Comisión Europea  ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz tras las informaciones aparecidas este miércoles sobre la posible comisión de un monumental fraude en las ayudas para cursos de formación en dicha comunidad autónoma. Tal y como se ha destapado, la Policía y la Seguridad Social habían abierto hace dos años una investigación a más de 300 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente de unos 3 millones de euros. Ahora, sin embargo, la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que, entre los años 2009 y 2011, podría haber alcanzado los 2.000 millones de euros.

Es lógico que la Comisión Europea pida explicaciones a la Junta por lo que ya se conoce como la trama EDU, habida cuenta de que Bruselas también destina financiación a estos cursos a través del Fondo Social Europeo. Lo que no tiene lógica alguna, afecte o no este fraude a los fondos europeos, es que la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, a quien se le llena la boca de que va a perseguir la corrupción hasta el último extremo, aún no haya dado ninguna explicación La nula voluntad regeneracionista de la presidenta andaluza ha quedado nuevamente de manifiesto.

En su lugar, ha aparecido el consejero andaluz de Educación Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que es quién ahora tiene las competencias sobre estos fondos de formación, y en rueda de prensa manifiesta que la Junta no tienen conocimiento de lo que se está publicando cuando el pasado enero la Comisión Europea, ante los rumores de fraude. Alonso ha dicho que la Junta de Andalucía nadie sabía el destino del dinero repartido con  tanta prodigalidad,  acusado al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía" arremetiendo contra el ministro de Interior, al que ha acusado de haber "filtrado" el escándalo y de no "dar la cara" por el asunto.

Es muy probable que en el momento que la CE conozca el destino dado realmente a estas ingentes sumas de dinero, exija a la Junta de Andalucía la devolución de las cantidades que puedan haber sido distraídas.

 Los agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas, principalmente aquellas cuyos nombres están incluidos en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Unos 1.000 beneficiarios están bajo sospecha (la mayoría de ellos empresas que han dado cursos de formación que tienen sedes en varias provincias). "Hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar” El objeto social de estas supuestas compañías va de la gestión de salas de fiestas a la fabricación de muebles; de los baños de agua de mar, a peluquerías o gestión de la protección de datos; Del buceo a puestos de comida. Algunas veces se daban en trasteros y las familias de los adjudicatarios ocupaban puestos de monitor o profesores de los cursos.

En cuanto se hizo público que la UDEF estaba investigando el fraude de las subvenciones para los cursos de formación e nadie más que el consejero andaluz de Educación Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que es quién ahora tiene las competencias sobre estos fondos de formación, manifiesta que ellos no tienen conocimiento de lo que se está publicando ha dicho que la Junta de Andalucía nadie no acusado al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía" por la mala gestión de los fondos de formación para el empleo. Está visto, sin embargo, que para la izquierda no hay mejor defensa que un buen ataque. Se dedica a arremeter contra el mensajero sin aportar una sola prueba en su descargo.

Según el consejero en un afán de extender la mancha que se está acusando a todo el tejido asociativo de Andalucía, como la Confederación de Empresarios, asociaciones de autónomos, Cruz Roja, ONCE, Universidad de Sevilla, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, la Federación de Municipios y a miles pymes de "haber sido cómplices de corrupción durante todos estos años" cuando a quienes se están investigando zona empresas que ni siquiera reúnen los mínimos requisitos obligatorios para acceder a estas ayudas.

Uno de los casos más llamativos es el de las peluquerías Yomaluig, que lograron mas de 2 millones en subvenciones. También hay gestorías y academias implicadas en falsificaciones documentales. Hay tiendas beneficiadas por cursos que los daban en la trastienda siendo el marido de la afortunada el "tutor". En otro caso, un camarero se "convirtió" por arte de las subvenciones en profesor de bordados en la escuela de su padre, escuela que entre escuela taller y formación ha logrado cerca de300.000 euros.

Ahora se ha conocido que fue José Antonio Griñán quién aprobó en 2009 una nueva regulación de las ayudas a la formación que habría favorecido intencionadamente el reparto descontrolado de esos fondos. En aquel momento la Junta aprovechó esa orden para derogar toda la legislación previa sobre esta cuestión y colar agujeros legales que permitieron institucionalizar el fraude masivo con los fondos de la formación”. “En la práctica”, prosiguen estas fuentes, “la Junta eliminó cualquier tipo de control sobre estas ayudas”.

 

Asimismo desde entonces y en cuanto aparecieron denuncias por fraude se trasladaron las competencias por distintas consejerías y los expedientes habrían viajado desde la Consejería de Empleo  pasando por distintas consejerías con el fin de dificultar las averiguaciones que ya se estaban realizando, recalando finalmente en quien tiene ahora las competencias de estas que no es más ni menos que Cultura que dirige el ofendido Luciano Alonso.  

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya manejan numerosos indicios que apuntan a que la estafa habría contado necesariamente con la colaboración de personas o consejerías enteras de los diferentes Ejecutivos socialistas que han gobernado la Junta en los últimos años, formando parte de las cuatro patas indispensables para que esto pueda ser posible. Es el mismo montaje que el caso ERES, Invercaria, Mercasevilla y tantos otros en instrucción judicial que siguen apareciendo en esta tierra. La Junta, quien reparte el dinero, y los adjudicatarios sean la patronal, los sindicatos CCOO, y UGT, el partido Socialista de Andalucía y las empresas fantasmas formadas para este fin de compadres y amigos de todos ellos.