La última bala

El presidente de la Generalitat ha enviado una carta a 27 jefes de Gobierno de la UE -todos menos Rajoy- en la que les comunica que Cataluña «celebrará un referéndum» de autodeterminación el 9 de noviembre y les pide ayuda para su proceso ante la negativa del Gobierno español a autorizar la consulta. De forma paralela, su autodenominada Secretaría de Asuntos Exteriores ha remitido un memorándum a 45 Gobiernos de todo el mundo en el que les asegura que no existen razones legales para impedir el referéndum y que Cataluña «será» la séptima economía europea cuando logre la independencia.

“No se trata de ganar adeptos a la independencia. No es esa nuestra intención. Lo único que pedimos es que entiendan que queremos votar, ejercer un derecho, como quieren hacerlo en Escocia”

No por estar ya acostumbrados a los delirios de Artur Mas hay que restar trascendencia al paso dado por el líder de CiU. Al contrario, la carta y el memorándum son hechos de extraordinaria gravedad desde el punto de vista institucional. Mas puentea y por tanto es desleal al Gobierno de su país al pretender relacionarse directamente con los primeros ministros pidiendo su ayuda para sortear la legislación que está obligado a aplicar según el juramento que él mismo prestó cuando tomó posesión de su cargo. El presidente catalán miente, además, cuando les dice a los líderes de la UE que las leyes españolas permiten su referéndum.

Ya ha obtenido respuestas, según dice Artur Mas, pero no dice que ni de quien, la primera ya se conoce, del Gobierno francés, que se limita a dar entrada a la carta y le remite al gobierno español para encontrar la solución a este problema. En este sentido van a ser contoda seguridad las respuestas del resto de países comunitarios. Está claro que ninguno de los mandatarios a los que se ha dirigido -empezando por Merkel, que es la carta filtrada por la Generalitat- le van a hacer ni caso. En los últimos meses, tanto la Comisión como los líderes europeos le han dejado muy claro que una Cataluña fuera de España saldría inmediatamente de la UE.

Si no fuera tan grave sería ridículo. Es ridículo, por ejemplo, que el señor Mas tenga la cara dura de sostener ante los líderes de otros estados de Derecho que el que él plantea no es un problema legal sino meramente político, como si las leyes no tuvieran para él la menor trascendencia y todo se redujera a traducir en hechos el «clamor popular» que previamente han estado azuzando durante años.

Se trata de la coartada necesaria según Mas para llegar a que el Parlamento declare unilateralmente la independencia “como muy tarde el 11 de septiembre del 2014”. Según la ANC entidad que aglutina a la “sociedad civil” esta declaración no vulneraría ningún derecho internacional “según la Asamblea general de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya”. (sic) La organización se presenta, además, como la depositaria de los votos de los ciudadanos con el objeto de presentar sus peticiones ante el Parlamento autonómico y que este lo envíe el Gobierno central. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), ya tiene su propio calendario: 23 actos este mes de enero para iniciar una campaña bajo el lema Ejerce tu derecho de petición. Sólo hasta el día 11, tiene agendados 227 actos de recogida de firmas a lo largo de la geografía catalana.

Esto es una burda suplantación para forzar por la vía de hecho una independencia alegando que han agotado las vías legales para realizar una consulta presuntamente inocente sobre “el derecho a decidir”

Desde el Gobierno, no obstante, se defienden señalando “que en el siglo XXI se puedan arreglar las cosas de una forma democrática en una sociedad democrática es lo más deseable y saludable. Y una consulta lo es”.... ¿como?

En algún momento el Gobierno tiene que responder a esta escalada de atropellos. La política de suministrar sistemáticamente todos los fondos que el Gobierno de Cataluña necesita para no dejar ahogados a sus ciudadanos es defendible porque los catalanes no tienen por qué pagar los desastres de gestión de sus irresponsables dirigentes. Pero no es de recibo que el Gobierno acepte que una parte del dinero que recibe la Generalitat se emplee en poner a punto esta campaña pro independentista en sus diferentes versiones.