Desahucios
Una de las consecuencias sangrantes de esta crisis son la
desmesurada cantidad de familias que son desahuciadas y se están quedado prácticamente
en la calle por no poder hacer frente al pago al banco de las hipotecas de unos
pisos cuyo precio había sido inflado previamente por la burbuja inmobiliaria. Cada
día unas 500 familias pasan a tener que vivir en la calle o ayudados por
familiares. Si a esta situación le añadimos que el hecho de existir un enorme parque
de viviendas en propiedad de unos bancos que tienen que ser apoyados por los
propios ciudadanos es su mayor obstáculo para salir de su crisis particular al considerarse este bien necesario como activos
tóxicos al cual no pueden ni quieren desprenderse a un precio mucho mas bajo que
seria el real de mercado, tenemos un problema del que solo los políticos pueden
sacarnos del mismo. Parece que por fin ha llegado este momento.
Durante los felices –e irreales– años de burbuja crediticia,
muchos agentes privados cometieron graves errores, inducidos por los bajos
tipos de interés establecidos artificialmente por la banca central. La crisis
tan sólo ha puesto al descubierto estas deficiencias, iniciándose así el
necesario y sano proceso de ajuste, consistente en la restructuración,
reorientación e incluso liquidación de las malas inversiones pasadas. Los
particulares no fueron ajenos a este contexto y muchos, animados por la
financiación barata y la ilusión de que "el precio de los pisos nunca
baja", solicitaron una hipoteca a la que, posteriormente, no han podido
hacer frente. Nadie les obligó a contratar un préstamo, lo hicieron errónea
pero voluntariamente, por tanto deben afrontar la responsabilidad que asumieron
por contrato.
Era cuestión de tiempo. Los políticos van a tratar de frenar
la oleada de embargos inmobiliarios y desahucios que se está registrando como
consecuencia de la crisis. Para ello la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, se ha reunido este miércoles con Elena Valenciano una de
las máximas responsables del PSOE para diseñar nuevas medidas a fin de aliviar
los efectos de la morosidad hipotecaria.
El drama social que, sin duda, viven numerosas familias
impide a la mayoría percatarse de los numerosos y graves efectos perversos que
conllevan este tipo de intervenciones públicas y esto puede paliarse
perfectamente si los agentes pueden conciliar sus respectivos intereses.
La dación de la vivienda en pago para la cancelación hipotecas
es una de las reivindicaciones de muchos colectivos aunque su posibilidad puede
quedar reducida a aquellas hipotecas contratadas a partir de este momento. Extender
la medida a los contratos firmados anteriormente podría producir un daño mucho
mayor que el sistema bancario actualmente no puede asumir.
Parece mas bien que uno de estos objetivos podría ser que
estas familias que han perdido su propiedad, pudieran permanecer en la vivienda
mediante el pago un alquiler social al pudieran hacerle frente o llegar incluso
a la recuperación de la vivienda si sus circunstancias cambiaran, mientras se
arbitran nuevas reglas de juego en esta cuestión.
El acuerdo sobre esta cuestión de los principales partidos es
urgente e imprescindible dejando fuera las demagogias a que nos tienen
acostumbrados si se quiere evitar que otro incendio de grandes proporciones
asole a las familias de nuestro país. No es lógico que lo que el exceso de viviendas, (un millón que cada día se van deteriorando), en poder de los bancos ellos lo tengan como un problema, cuando para las familias sin
vivienda seria la solución a sus necesidades vitales.
Jose Manuel Perez Valdés
ResponderEliminarhttp://politica.elpais.com/politica/2012/10/23/actualidad/1351014621_538438.html
Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios
politica.elpais.com
Critican la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financiero...
eso de "los jueces"....¿QUE JUECES?
quisquilla
ResponderEliminarLa solución más plausible, legal y equitativa que se podria acordar con los bancos es la de que sigan quedándose con la vivienda de acuerdo con la legislación vigente, pero:
-dejar que sigan viviendo allí los ejecutados siempre que el banco se haya quedado con la vivienda por debajo del 70% del valor tasado al hipotecarse
- cobrar el banco una renta mínima y social por ese uso cedido,
-conservando durante un plazo prudencial los ejecutados el derecho a recuperar la vivienda pagando la deuda pendiente al banco
Beatriz Rojo
ResponderEliminarLo que está pasando con las hipotecas es de auténtica vergüenza, Zapatero y todos sus secuaces políticos impidieron que se aprobara una Ley que permitiera la dación en pago.
Los políticos de este país -de todo signo- han traicionado a todos los ciudadanos, merecerían ser expulsados de España.
Representar políticamente a una Nación, debería ser un honor y tendría que estar pagado con una cantidad simbólica.
España merece tener futuro y eso sólo se conseguirá desechando a toda esta chusma política de nuestro país.
stj25
ResponderEliminarSi tenemos que ser los ciudadanos quienes tengamos que descubrir las injusticias que se producen en España, ¿para que sirven tantos politicos jueces y demás personas que viven de la justicia? Les estamos pagando muy, muy por encima de lo que producen. Tenemos que exigir a todo politico que se presenta a las elecciones que se conozca el codigo de justica Español.
traidor_a_patria
ResponderEliminarLos jueces y fiscales deberían abandonar ese aire de fariseo que han adoptado y actuar de oficio contra unas prácticas que ellos mismos califican de abusivas e ilegales. La polícia arremete contra las familias para desahuciasrlas, porque reciben órdenes de los jueces. Cuando se trata de beneficiar a un amigo, a un familiar o a un poderoso, bien que saben buscar entre los rincones de la justicia para retrasar o anular la merecida condena. En estos casos también deberían buscar fórmulas para que los desahucios no se produzcan.
M Pilar Fernández Méndez
ResponderEliminarY un pobre pidiendo cada pocos metros.... nos hemos convertido en el tercermundo europeo.