Tierra quemada

Va calando la sospecha de que desde las altas instancias del Gobierno Socialista en un momento cuando vieron perdidas las recientes elecciones por toda España, se dio carta blanca a sus representantes autonómicos y municipales para gastar sin tasa y dejar los cajones llenos de facturas, como un intento desesperado para recuperar la credibilidad perdida cuando ya se dieron cuenta que iban a perder las elecciones municipales, como estrategia para ahogar al Partido Popular en autonomías y ayuntamientos y no pudieran ni siquiera facilitar los servicios esenciales de sanidad o educación en sus primeros meses de legislatura. Ya se está viendo ahora mismo en Cataluña que tienen que cerrar centros de salud o plantas de hospital a pesar de que CIU ha obtenido una inyección extraordinaria de dinero, trato de favor a cambio del apoyo póstumo a este gobierno.

Se habla de un plan del candidato Rubalcaba con el fin de ahogar al Partido Popular en sus primeros meses de mandato en las autonomías conquistadas. Si no hubiera habido instrucciones expresas para saltarse las más elementales normas de prudencia desde las más altas instancias del Gobierno no hubiera sido posible que Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura o Baleares las regiones recién conquistadas por los populares y en las que, aseguran, sufren mucho más déficit público que el declarado por sus antecesores.

María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, no es la única que dice haberse encontrado un déficit más elevado del esperado con mas de 2.700 millones en facturas sin pagar.  Ignacio Diego, el presidente cántabro, también asegura haber descubierto un agujero de 440 millones de euros. En este caso, son compromisos adquiridos con Cantabria por parte del Estado que están pendientes de cumplir, y los pedirá en la reunión de hoy. José Antonio Monago también ha empezado a levantar las alfombras del socialista Guillermo Fernández Vara en Extremadura, y, en dos semanas que lleva en el Ejecutivo regional, ha encontrado unos 660 millones de deuda oculta en su región. Según fuentes internas del PP extremeño, posiblemente el déficit real supere “con creces” el que se han encontrado sus compañeros en Castilla-La Mancha.

Así ocurre también en todos aquellos ayuntamientos que han cambiado de color como Aranjuez, Elche, Estepona, Santiago de Compostela,  y tantos y tantos ayuntamientos antes en manos socialistas que en este momento se encuentran en situación de quiebra.

Ahora se plantea la reunión convocada por la ministra de Economia Elena Salgado para exigir la devolución de los 18.736 millones de euros que las autonomías, ahora del PP, deben al Estado gracias al error de cálculo del Ministerio de Economía y Hacienda que en el año 2009 ya avanzada la crisis no percibió el cambio de situación económica y la reducción de la recaudación tributaria.

Las autonomías ahora no tienen liquidez para devolver 18.736 millones que debe al Estado; porque sus antecesores socialistas se ocuparon de vaciar las cajas, el PP pide ahora más tiempo saldar sus obligaciones y el PSOE exige a las comunidades que se responsabilicen de sus recortes. Ante este panorama en el que esta tarde se celebrará el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera después del 22-M, Mariano Rajoy quiere demostrar al Ejecutivo el poder que el Partido Popular ya tiene en España. Para que no se le escapara ningún detalle, el líder de los populares se reunió ayer con sus once presidentes autonómicos para homogeneizar el mensaje que hoy pondrán sobre la mesa a Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno, sus consejeros de Economía y Hacienda. El PP sacará a la luz el caso de Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Baleares, las regiones recién conquistadas por los populares y en las que, aseguran, sufren mucho más déficit público que el declarado por sus antecesores.

Las comunidades del PP consideran inaplazable la creación de un nuevo marco de estabilidad y disciplina que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público, y propone unas líneas de actuación que garanticen el Estado del Bienestar y la prestación de servicios públicos esenciales. “La mayoría de endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros. Por tanto, los niveles de deuda son responsabilidad del Gobierno”. Según los resultados que salgan de esta reunión podría producirse el principio del fin del Estado de las Autonomias, al menos tal como hasta ahora las hemos conocido hasta ahora.