"Operación Pika" Golpe a la financiación del CDC de Artur Mas

Detenidos altos cargos de la antigua Convergència en una operación contra su financiación irregular

Sixte Cambra y al menos dos políticos de CDC detenidos por financiación ilegal EFE

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, ha dado este jueves el pistoletazo de salida a la tercera fase de la operación Petrum, más conocida como el caso del 3% y que esta vez ha sido bautizada como operación Pika. Todas estas investigaciones giran en torno a la presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a partir de donaciones que la formación habría recibido de empresarios a cambio de contratos millonarios en la obra pública.

Esta tercera fase tiene la ciudad de Barcelona como el escenario de obras emblemáticas que se habrían concedido en la última década a cambio de sobornos que, presuntamente, engrosaron las arcas del partido nacionalista, rebautizado como Partit Demòcrata de Catalunya, (PDeCAT). La lista de trabajos investigados es amplia, un decena de obras multimillonarias entre las que destaca la construcción del dique Este del Port de Barcelona y la reforma de la plaza de las Glòries. Cuatro son los entes públicos adjudicatarios de obras bajo sospecha y que han sido registrados este jueves: Infraestructures.cat (el principal licitador de la Generalitat y que ya fue registrado hace dos años en el marco de esta misma investigación); Bimsa (el equivalente de Infraestructures.cat pero en el Ajuntament de Barcelona), la Autoridad Portuaria (que es un órgano autónomo del Estado), y el Consorci d’Educació de Barcelona.

La lista de trabajos investigados incluye un decena de obras multimillonarias entre las que destaca la construcción del dique Este del Port de Barcelona y la reforma de la plaza de las Glòries

Como en las dos fases anteriores, las entradas y registros han estado acompañadas de detenciones. Arrestos de importante calado político e institucional. El último que ha trascendido a primera hora de la tarde ha sido el del que fuera gerente de CDC, Andreu Viloca, ya detenido en el marco de esta misma investigación. La Guardia Civil, a instancias de la fiscalía anticorrupción, empezó la operación deteniendo a primera hora al presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, amigo personal del expresident Artur Mas. Cambra ha sido arrestado en su despacho del Port, se le han leído los derechos, y tras le registro ha sido puesto en libertad. Otra de las detenciones relevantes ha sido la del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, Antoni Vives. Hombre de máxima confianza del exalcalde convergente, a las cuatro de la tarde, seguía bajo custodia de la Guardia Civil. Lo mismo que el actual director de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Bimsa, cuyas dependencias están siendo registradas todavía. Otra de las detenciones de la jornada ha sido la del actual director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. En su caso, el arresto está relacionado por su trabajo como gerente del Ayuntamiento de Barcelona, y no por su actual cargo en la Fira, que desarrolla hace menos de un año. Serrallonga también ha quedado en libertad tras el registro.

Pero sin duda uno de los arrestos que más preocupa en estos momentos a los actuales líderes del PDeCAT es el de Francesc Sánchez, hombre de partido y de confianza de Mas y que a primera hora de la tarde seguía bajo tutela de la Guardia Civil. Algunas fuentes no oficiales no descartaron el traslado de Sánchez ante el juez de El Vendrell.

Operación de la Guardia Civil contra la financiación ilegal de CDC

De los 28 registros que se han realizado, el fiscal Bermejo ha querido estar presente en el de las instalaciones del Port de Barcelona. No ha sido por casualidad. En este caso, la fiscalía anticorrupción está sobre la pista de dos grandes obras adjudicadas, la ampliación de la terminal y el dique este. Es curioso porque los trabajos del dique ya fueron denunciados, investigados y el caso está a punto de llegar a juicio. Otra de las obras que están bajo sospecha en esta investigación son la reforma de la avenida del Paral.lel, la reurbanización de la calle Lluçà en el barrio de El Carmel, la mejora del paseo del Mirados de les Aigües y la construcción de un carril bici en la Sagrera. Este sería el paquete relacionado con las obras de Barcelona. Fuera de la capital, los investigadores están repasando la facturación de los trabajos para ampliar la línea de los Ferrocarrils de la Generalitat en Sabadell, la construcción del Institut Lluís de Peguera de Manresa, así como la licitación de trabajos generales de mantenimiento de equipamientos escolares públicos.

En el operativo policial están participando más de un centenar de guardias civiles. Como en las otras fases de esta operación, el juez Bosch ha preferido seguir el avance de los registros y las detenciones desde su despacho en El Vendrell. Entre los empresarios detenidos están Sergio Lerma, gerente de la constructora Oproler Madrid, que ya fue arrestado en la fase anterior de la operación, así como Josep Manel Bassols, quien en su caso ya es la tercera vez que es arrestado por el 3%. La investigación empezó en Torredembarra a partir de la denuncia de una exconcejal sobre tejemanejes del alcalde y en agosto de 2015 la Guardia Civil entró en Catdem, la fundación de CDC

En el caso de la adjudicación de la reforma de la plaza de les Glòries los investigadores sospechan que el consistorio amañó el contrato a favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE), integrado por las sociedades Copisa, Arnó, Comsa y Rogasa. Además de los registros en la ciudad de Barcelona, la guardia civil está buscando documentación en otras 11 localidades, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga, Madrid y Majadahonda.

Durante los últimos años dos años, la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, junto a varías unidades centrales del instituto armado han trabajado, dirigidos por dos fiscales anticorrupción, a partir de la gran cantidad de documentación incautada en los registros anteriores y, sobre todo, a partir del relato realizado por varios imputados que habrían aceptado colaborar en el avance de la trama.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, con corbata negra, sale de las oficinas del Puerto de Barcelona, acompañado por varios mandos de la Guardia Civil (Quique García / EFE)

A pesar de que los dos fiscales anticorrupción que dirigen la operación del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, han alternado esta investigación con otras de gran complejidad como algunas en las que están implicados miembros del clan Pujol Ferrusola, el caso ha seguido muy vivo en las dependencias de la policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y en el modesto despacho de un magistrado de El Vendrell, que cuando asumió el caso apenas tenía poco más de 30 años y escasa experiencia.

Toda esta investigación empezó en Torredembarra, a partir de la denuncia de una ex concejal, Montserrat Gassull, sobre los tejemanejes del entonces alcalde Daniel Massagué. El juez, junto a la fiscal Macarena González, tiraron de aquel ovillo, y el hilo les llevó con tesón y no sin presiones hasta la antigua sede de CDC en la calle Còrcega de Barcelona.

Agentes de la Guardia Civil custodian la entrada de la sede de Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA) (Alberto Estévez / EFE)

El 28 de agosto del 2015 el juez ordenó el registro de la sede de Catdem, la fundación de CDC, que al encontrarse en una planta de la antigua sede provocó la imagen de la Guardia Civil entrando en la sede de la partido que fundó Jordi Pujol. En aquella fase se detuvieron a tres miembros de la familia Sumarroca, propietaria de la constructora Teyco.

Precisamente el juez de El Vendrell firmó una comisión rogatoria a Andorra solicitando cualquier movimiento sospechoso de blanqueo de capitales de la familia Sumarroca. Tras esos primeros registros, en octubre de ese mismo año, la investigación dio un salto cualitativo con el registro de la sede de infraestructuras.cat, la mayor empresa pública licitadora de Catalunya.

Su director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido junto al tesorero del partido, Andreu Viloca, y siete empresarios que presuntamente camuflaron como donaciones a CDC sobornos para la obtención de contratos de obras públicas. En la primera fase de la investigación el juez puso el foco en aquellas obras que los Ayuntamientos dieron a donantes de la fundación CatDem. El siguiente paso fue examinar las obras que el los Gobiernos de Artur Mas otorgaron a constructoras catalanas, entre el 2010 y el 2015.