El saqueo de Andalucía 150 – La espantada de la juez Bolaños en el caso de los ERE

Hoy ha salido la noticia publicada en El Mundo con la noticia que la juez Bolaños renuncia ahora a llevar las piezas más importantes del proceso al caso ERE que el próximo mes de enero cumple cinco años de investigación y las pretende dejar en manos del juez auxiliar precisamente las que afectan a Chaves y Griñán.

Para ello la juez María Núñez Bolaños ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una propuesta para que el juez de refuerzo, Álvaro Martín, instruya las seis primeras piezas en que ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hay que recordar que la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La propuesta, según han indicado las mismas fuentes consultadas, ha sido "consensuada" entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la juez Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las 'macrocausas', todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

En virtud del acuerdo de 23 de junio, el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a Alaya para que llevara el caso de los ERE irregulares hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

Esto ocurre después de que Bolaños forzara la salida de Mercedes Alaya en la instrucción de este caso. Entonces la Sala de Gobierno del TSJA decidió apartar a la juez Mercedes Alaya, ahora en laSección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares dada su "clara voluntad de no colaboración" con la juez titular, María Núñez Bolaños, y para "evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto" entre ambas magistradas, lo que fue ratificado posteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La pregunta es: ¿por qué pidió como destino el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sabiendo los macrocasos que albergaba sino se veía capaz de llevarlos a buen puerto? Y hay otra pregunta más. Si no podía hacerse caso de los ERE por la razón que fuese, ¿por qué insistió en que no fuera la juez Alaya, que lo inició e instruyó esencialmente, la que siguiera con el caso a pesar de haberlo decidido así el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial? Recuerden que se convirtió la cuestión en pelea de corral.

Independientemente de las razones, que aparecen como extrañas y oscuras, que hayan guiado su comportamiento hasta la defenestración de la juez Mercedes Alaya, lo que ha quedado muy claro es que, profesionalmente, como ya se advirtió, su desconocimiento de la instrucción penal y su falta de experiencia procesal, iba a facilitar la comisión de errores graves. De hecho, la Fiscalía, las acusaciones e incluso las defensas, han quedado desconcertados por el comportamiento de la juez Bolaños. La penúltima de sus hazañas instructoras fue reunir de nuevo al caso ERE la pieza que ella misma separó hace dos meses sobre las ayudas a la empresa Calderinox. La última, pedir un informe a la Fiscalía sobre si las diligencias referidas a Matadero de Fuente Obejuna que ella misma incoó debían volver al caso ERE. Estupefactos han quedado en Fiscalía, defensas y acusaciones y estupefactos deben haber quedado en el Poder Judicial. De hecho, la Fiscalía ya le advirtió varias veces de que su instrucción podrían tener graves consecuencias.

Acorralada por las críticas crecientes hacia una labor instructora que adolece de falta de rigor y exigencia profesional, ha decidido ahora hacerse un regalo de Reyes por anticipado y quitarse de en medio el meollo esencial del caso ERE, incluyendo, sobre todo, el caso Chaves-Griñán-Zarrías y otras decenas más de altos cargos. De hecho cede aÁlvaro Martín, quien iba a ser el juez titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y no lo fue porque ella presentó su candidatura a la plaza y la ganó por antigüedad, el tema del procedimiento, esto es, el origen y el cómo -fondo de reptiles- del proceso irregular de concesión de subvenciones encubiertas e ilegales que han llevado a la imputación de 52 ex altos cargos, entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ocho exconsejeros de la Junta, nada menos. Cuando este lunes Pedro Sánchez acusaba a Mariano Rajoy de corrupción, debió olvidarse de todo esto.

Pero es más. Las sobrecomisiones de las pólizas pagadas por la Junta para afrontar las prejubilaciones con intrusos, la trama de la Sierra Norte que tiene graves consecuencias para el PSOE de Sevilla y otros tres casos más de empresas con ayudas sociolaborales sin participación de la Intervención o con informes en contra, son otras piezas que van a parar a las manos del juez de apoyo que ya lo fue de Mercedes Alaya. La diferencia es que con Alaya se dedicó a los asuntos ordinarios del juzgado y ahora se erige como un titular bis con mando en el caso ERE.

Cabe la hipótesis de que la nueva juez Bolaños se haya sentido incapaz de llevar todos los casos que llevaba la juez Alaya y que su instrucción deficiente amenazase con desprestigiarla definitivamente en ámbitos judiciales. Cabe también la explicación conjetural de que una vez eliminada la juez Alaya, al parecer objetivo sine qua non para poderes fácticos fácilmente reconocibles, el caso ERE ha dejado de tener interés para alguien que, además, no parece haber comprendido bien su instrucción. Cabe añadir que tal vez el caso que más le preocupa ahora, una vez amortizado políticamente el caso ERE, es el agujero negro del fraude de la formación, caso que afecta incluso más gravemente a la Junta de Andalucía y el Partido Socialista, caso por el que la juez Bolaños parece tener inclinación irrefrenable.

Sea como sea, el asunto es de una inmensa gravedad porque vuelve a retrasar y a confundir. De todo esto, sólo queda claro que el Poder Judicial ha hecho el ridículo, o algo peor, apartando a la juez Alaya del caso que acunó y enhebró durante años de una instrucción asumida por el Tribunal Supremo y que el PSOE y su régimen en Andalucía, fortalecido inexplicablemente por Ciudadanos, han vuelto a decir a los jueces en el oído de Mercedes Alaya, y a todo el que quiera oírlo, que sigue siendo cierto el dicho de Alfonso Guerra: "El que se mueve no sale en la foto".

Decíamos entonces que una juez de familia como la juez Bolaños no era la persona indicada para heredar un caso tan complejo, sin la formación necesaria para instruir un caso  como el de los ERES y que para que la instrucción se cerrara con buen fin, había que permitir a la juez Alaya terminara su trabajo, siendo posteriormente apartada a pesar de sus advertencias que pudiera algo como esto, siempre propiciado por la Junta de Andalucía.

Lo que está cada día mas claro es que se están cumpliendo paso a paso la hoja de ruta que nos temíamos con el fin de conseguir que los principales responsables de la Junta de Andalucía, puedan salir impunes sea por prescripción o por los sucesivos cambios de instructores que puede llevar a su nulidad ya que se pueden producir toda clase de errores.