lunes, 22 de julio de 2019

Idiota solemne

Pedro Sánchez y Carmen Calvo en una imagen de archivo. | EFE



He caído en la trampa de la propaganda monclovita como un idiota. No sé cuántos jamones he perdido al apostar por la repetición de las elecciones.


Tengo la estúpida sensación de haber caído en la trampa como un idiota. Poco a poco fui inoculando el efecto nocivo de la propaganda monclovita hasta quedar firmemente convencido de que Sánchez había tomado la firme decisión de impedir que Podemos formara parte del Gobierno. La explicación tenía una lógica irrefutable. Con los podemitas en la mesa del Consejo de Ministros, el PSOE sellaba los términos de una legislatura condenada a circular por un carril de sentido único. Renunciaba definitivamente al ejercicio de la llamada geometría variable —es decir, a alcanzar acuerdos concretos en cuestiones concretas con los partidos del bloque de la derecha— y fiaba toda su suerte a que los independentistas quisieran respaldar, a veces con su abstención, pero otras veces —en el debate presupuestario, sin ir más lejos— con su voto afirmativo, las iniciativas del Gobierno mixto.

Durante el tiempo que dure la legislatura, o esa sociedad aritmética (PSOE, Podemos, PNV, ERC-Bildu) funciona como un reloj, o las iniciativas gubernamentales estarán abocadas a la derrota parlamentaria. No hay vías de servicio ni caminos alternativos. La derecha no acudirá en ayuda del gobierno de izquierdas más radical que haya conocido la política española española desde la restauración democrática. Solo por ese hecho, la perspectiva de lo que nos aguarda ya da demasiado vértigo. Imaginemos ahora lo que pedirán los independentistas a cambio de su apoyo constante (vienen tiempos de diadas incendiarias y sentencias demoledoras para los líderes del procés) y el vértigo se transformará, probablemente, en terror abisal. De ahí que yo me creyera que Sánchez estaba haciendo lo imposible por ahorrase ese trago. No sé cuántos jamones he perdido al apostar por la repetición de las elecciones.

En mi defensa debo decir que no hubiera picado el anzuelo —creo— si la coyuntura política no hubiera admitido otras posibles soluciones. Si la situación se hubiera planteado en términos de "o esto o nada", "o el poder a este precio o a la puta calle", el geniecillo maligno de la propaganda oficial no hubiera conmovido mis convicciones. Siempre he creído que Sánchez pagaría lo que hiciera falta por seguir siendo el inquilino del palacio de La Moncloa. Nunca le he visto cerca de sufrir un acceso de dignidad política. ¡Pero había un plan B! Una vez constatado que Rivera no iba a apearse de su "no es no" a la coyunda con el socialismo sanchista, la opción de la repetición electoral aún dejaba cierto margen a la posibilidad de rebajar el precio de la factura por seguir en la presidencia del Gobierno. En el peor de los casos nos hubiera devuelto a la situación actual, pero en ningún caso hubiera empeorado las cartas de Sánchez. O eso creía yo.

Me cuentan mis espías paraguayos que la clave del cambio de criterio hay que buscarla en el mensaje inequívoco que le han hecho llegar a Sánchez los independentistas catalanes y vascos: "si quieres nuestro aval para alcanzar la investidura tienen que darse dos condiciones: que el acuerdo se firme ahora mismo (en septiembre, con la sentencia del procés recién dictada, olvídate) y que Podemos se siente en el banco azul. Ellos serán los garantes de que se nos pague un precio justo por nuestra contribución a tu permanencia en la presidencia del Gobierno. De ti solo no nos fiamos. O ellos te vigilan de cerca y te olvidas de los requiebros a los paladines del 155, o perderás para siempre la oportunidad de contar con nuestro respaldo. Y sin él, o cambian mucho las previsiones electorales, o puede que no seas presidente jamás. Lo tomas o lo dejas." Al parecer, después de haberlo meditado mucho, en Moncloa han decidido tomarlo.

Todo lo que ha pasado en los últimos tres días no es otra cosa que una grotesca puesta en escena para justificar la rectificación. ¿Alguien se cree que cambia mucho el panorama por el hecho de que Iglesias no forme parte del Gobierno pero sí lo haga Irene Montero? ¿Deja de ser el populismo podemita un riesgo para el prestigio de la democracia española del que habló Pedro Sánchez en La Sexta la semana pasada por el simple hecho de que su secretario general siga sentado en la bancada de la Oposición mientras sus sobresalientes de espadas se acomodan en el banco azul? ¿Tiene Montero criterios distintos a los de Iglesias en las grandes cuestiones de Estado? ¿Va a ser Podemos un socio de Gobierno menos oportunista porque al número 1 le sustituya la numero 2 en el Consejo de Ministros? Pocas veces he visto una tomadura de pelo de tal calibre. Pero no tengo derecho a protestar. Durante mucho tiempo he sido un idiota solemne.

Luis Herrero L.D.

La imagen puede contener: una persona, sonriendo, texto

domingo, 21 de julio de 2019

La Generalidad oculta que su 'embajadora' en Nueva York cobra 60.000 euros más que Sánchez

Maria Pilar Pérez Ordoño, en el círculo rojo.
Maria Pilar Pérez Ordoño, en el círculo rojo. Twitter de Maria Pilar Pérez Ordoño
POLÍTICA CATALUÑA
El salario de Pérez Ordoño, como el de su "consejero de Comunicación", no aparecen en el registro de sueldos de altos cargos de la Generalidad.20 julio, 

Un documento del Departamento de Justicia estadounidense al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revela que el salario de Maria Pilar Pérez Ordoño, la directora de la embajada catalana en Nueva York, es de 144.642 euros anuales, 61.664 euros más que el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será de 82.978 euros en 2019. Según fuentes de Ciudadanos, el sueldo de la directora de la delegación catalana en Nueva York debería estar incluido en la relación oficial de salarios de altos cargos de la Administración autonómica catalana, pero no aparece en él. 

Aunque el cargo que figura en el documento del Departamento de Justicia americano es el de "directora", Pérez Ordoño se define a sí misma en su página personal de Linkedin como "attaché", que en lenguaje diplomático equivale a un agregado y que alude a "cualquier miembro del personal diplomático de una embajada que tiene asignada una función específica (comercial, cultural, militar)", según el Ministerio de Asuntos Exteriores español. De acuerdo a su página personal, Pérez Ordoño ocupa el cargo desde el mes de octubre de 2017, coincidiendo con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

Resultado de imagen de Maria Pilar Pérez Ordoño

La embajada catalana en Nueva York, en el número 655 de la Tercera Avenida, en el barrio de Murray Hill, alberga también las oficinas de ACCIÓ, la agencia pública para la competitividad de las empresas catalanas; las del Instituto Ramon Llull, equivalente al Instituto Cervantes; y las del Catalán Tourist Board, la oficina de promoción turística de la Generalidad catalana.


Documento del Departamento de Justicia de los EE. UU. en el que aparece el sueldo de Maria Pilar Pérez Ordoño.Departamento de Justicia de los EE. UU.

Un segundo documento, también perteneciente al Departamento de Justicia americano y con fecha de 18 de marzo de 2019, confirma que el coste de la nueva embajada de la Generalidad en Washington -que Ernest Maragall reabrió en noviembre de 2018 tras su cierre durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución- fue de 478.769 dólares, aproximadamente unos 427.000 euros al cambio actual. 

En este segundo documento aparecen únicamente tres nombres como trabajadores de la delegación: el de Victoria Alsina Burgues, la delegada del Gobierno de la Generalidad en los Estados Unidos y Canadá; el de la misma Maria Pilar Pérez Ordoño, que aparece citada como "coordinadora"; y el de Xavier Vila Carrera, citado como "consejero de Comunicación". El grupo parlamentario de Cs en el Parlamento catalán ha solicitado información acerca de los salarios de Pérez Ordoño y de Vila Carrera sin que de momento hay obtenido respuesta.
Petición de documentación del grupo parlamentario de Cs.

sábado, 20 de julio de 2019

El negocio de la caridad: lo que nadie te contará de las ONGs


Las siglas ONG se han convertido en nuestros días en sinónimo de solidaridad. En muchas ocasiones, el dinero recaudado y donado de forma voluntaria, sí que sirve para financiar los más diversos proyectos altruistas y ayudar a los más necesitados; sin embargo, y desgraciadamente, no es oro todo lo que reluce. Detrás de estas organizaciones, se esconden verdaderas macroestructuras empresariales, directivos con grandes sueldos, voluntarios que son recaudadores y mucho dinero público.

En primer lugar, y según publicó 'El blog salmón' especializado en economía, estos son los beneficios que tiene una ONG frente a una empresa privada: tienen un régimen fiscal más ventajoso que una sociedad mercantil, captan liquidez de simpatizantes, acceden a fondos públicos vía subvenciones y adjudicaciones de contratos. Muchas ONG sdesarrollan además numerosas asociaciones mercantiles que facturan a la organización, gozan de una excelente imagen y reputación pública y tienen acceso directo a las autoridades gubernamentales de los países del Tercer Mundo.

El fraude con las subvenciones

En el año 2012, salió a la luz que las cuentas de seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron usadas para captar subvenciones de la Generalitat de Cataluña y desviar dinero a un número reducido de empresas. Las ONGs Hemisferio, Asade África, Esperanza sin Fronteras, Asamamu, Fudersa y Agrupación Ceiba captaron más de 3.650.000 euros. Gran parte de ese dinero público fue desviado a las cuentas de diversas empresas relacionadas con Augusto César Tauroni, principal cabecilla de esta trama corrupta.

Los directivos, millonarios

Según publicó 'OKDiario', los directivos de Oxfam, una de las ONG más grandes que operan en nuestro país, tienen sueldos estratosféricos. Por ejemplo, su director general cobra 140.000 euros al año y su homólogo en España se embolsa un sueldo neto de más de 65.000. Casi nada. Estos datos hacen que el directivo de Oxfam esté entre el 0,01% con más ingresos del mundo.

Pero no solo tienen nóminas estratosféricas los grandes jefazos. Los directores de departamentos y los responsables de área se embolsan entre 40.000 y 60.000 euros al año. Los administrativos, auxiliares y operarios de Oxfam ganan entre 24.999 y 15.000 euros, dependiendo del puesto y de las horas de trabajo. Y todo financiado con el dinero y la buena voluntad de los contribuyentes.


La gran estafa del calentamiento global: el documental censurado que desmonta el cambio climático http://bit.ly/2swzVeq #CambioClimático


El negocio de la caridad

Un documental emitido por 'la 2' de Televisión Española ya denunció 'El negocio de la caridad'. El polémico reportaje, dirigido por Sophie Bonnet y producido por Canal + Francia, muestra cómo funcionan las ONGs en el país galo. Según este documental, las Organizaciones No Gubernamentales recaudan más de 3.000 millones de euros en Francia, unos ingresos que crecen un 5% cada año. 

Una periodista se infiltra en una de estas empresas y los testimonios son sorprendentes. Por ejemplo, las consignas que lanzan a estos comerciales solidarios son las siguientes: "Tenéis que conseguir los datos bancarios en solo 4 minutos. Estamos aquí para ganar dinero. Si no conseguís 3 donantes por día, no es rentable". Por si quedaban dudas.

Si bien es cierto que la mayoría de las ONGs de nuestro país realizan un papel fundamental para luchar contra las enfermedades, la pobreza y la desnutrición infantil en el Tercer Mundo, es un hecho ya irrefutable que se ha creado alrededor de ellas toda una trama clientelar y un negocio de proporciones descomunales.

Usar las donaciones de la caridad y jugar con la buena voluntad de las personas para lucrarse, además de un delito flagrante, es moral y éticamente aberrante. Enriquecerse a costa de la pobreza infantil. Ganar dinero con el sufrimiento ajeno. Euros manchados de sangre. El negocio de la caridad que esconde la cara más oculta de las ONG.

https://youtu.be/X37bQLLrB_E

El saqueo de Andalucía 178 - El goteo de sentencias del Tribunal de Cuentas

Guerrero, tras los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante una de las sesiones del juicio de los ERE. Foto: EP


Un desfalco millonario y una macrocausa con más de 200 imputados ha dejado aquel procedimiento que se inició en 2001 desde la Junta de Andalucía de Manuel Chaves; un sistema que pretendía respaldar a las empresas 'obligadas' a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos. La Audiencia Provincial de Sevilla aún no ha dictado sentencia sobre el primer juicio del caso de los ERE, pero el Tribunal de Cuentas ya reclama los reintegros a los responsables del agujero económico.

El Tribunal de Cuentas va, poco a poco, 'rascando' en la trama con la intención de recuperar las ayudas otorgadas desde la Junta de Andalucía. Ya son más de 30 las sentencias condenatorias emitidas. El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, José Manuel Suárez, se han recuperado más de 20 millones de euros en el marco de la macrocausa. 

Algunas de las sentencias más sonadas han sido las que reclaman 446.339 euros de la Faja Pirítica; 168.000 de Calderinox; 200.000 de Saldauto; casi 470.000 de Valeo Iluminación; 380.000 de Nueva Lima; 262.500 de Consyproan; y más de 5,6 millones de Astilleros. Y aún quedaría un centenar de ayudas por sentencia. 

La cifra perseguida hasta ahora aún no se acerca a los 741 millones de euros que según la Fiscalía anticorrupción se desfalcaron con los ERE. La acusación popular ejercida por el Partido Popular habla de unos 1.200 millones.

Esta semana el Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a devolver 266.481 euros de las subvenciones concedidas a tres sociedades: Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla.

Las resoluciones realizadas por el órgano encargado de juzgar a los gestores que cometan irregularidades se elevan de momento a 6,6 millones de euros. Este fallo se conoce un día después de que el Tribunal de Cuentas lo eximiera de devolver casi 800.000 euros de dos ayudas de los ERE por estar prescritas.


Condena a Guerrero y a las tres entidades a abonar «de manera solidaria» los importe respectivos, así como los correspondientes intereses legales que se hayan generado.

Además, la Sala les ha condenado, junto a los administradores de las entidades, al pago de las costas de unos proceso judiciales en el que actuaron como demandantes la Fiscalía y la Junta de Andalucía.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos; su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.

viernes, 19 de julio de 2019

El saqueo de Andalucía 180 - Nuevo revés de la juez Núñez por el caso Formación

la juez María Núeñez Bolaños a la salida de los juzgados este martes

Tras ordenar su reapertura, ahora revoca la decisión de desprecintar los documentos que debía haber investigado

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado el precinto e intervención de dos despachos de la Junta que guardaban documentación referida al caso Formación y que habían sido desprecintados por la juez María Núñez Bolaños tres meses y medio después de archivar la causa en octubre de 2016 antes de que se resolvieran los recursos contra la citada decisión judicial.

Se trata de un nuevo revés de la Audiencia a la instructora en este caso, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas por la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la forma de instruir que tiene María Núñez, sucesora de la juez que destapó las grandes macrocausas de corrupción en Andalucía, Mercedes Alaya.

La Audiencia ya corrigió a la juez a primeros de mes obligándole a reabrir la pieza principal de la causa de los cursos de formación en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, cuyo sobreseimiento y archivo provisional acordó Núñez el 11 de octubre de 2016. Ahora la Audiencia estima otro recurso de la acusación del PP y revoca la orden que la juez dio de desprecintar dos despachos de las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla y el traslado de miles de expedientes que allí estaban custodiados y que no fueron examinados a otras nuevas dependencias.

Esa documentación es la que ahora la Audiencia ha ordenado que sea examinada al reabrir la causa más destacada del caso Formación, una de tantas en las que la juez no observó motivos para continuar la investigación.


Archivo provisional

Fue en enero de 2017, tres meses y medio después de acordar el archivo provisional de la causa, cuando Núñez acordó que no había por qué mantener las medidas de seguridad y custodia de las dos salas del SAE llenas de documentos que había precintado la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, como ordenó en su día la juez Mercedes Alaya. Núñez no esperó entonces a que el archivo fuera firme. La juez, a la que ahora ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción ante el CGPJ, prefirió atender la petición de la Junta de Andalucía para tener acceso a los despachos y mover los papeles, admitiendo que los documentos no eran «objeto de investigación». Tampoco la Fiscalía Anticorrupción se opuso entonces al traslado de los expedientes, incluso a la devolución a la Junta de los documentos depositados en el juzgado.

La juez desoyó entonces las explicaciones de la acusación del PP que se opuso a que la Junta de Andalucía pudiera tener acceso a esos expedientes originales sin que hubieran sido investigados, teniendo en cuenta que la decisión había sido recurrida y, como ha ocurrido, podría ser enmendada a posteriori por la Audiencia.

Así que los expedientes clave en la reapertura del caso Formación han estado más de dos años sin otra custodia que la de la Junta de Andalucía, cuyo anterior Gobierno socialista se congratulaba públicamente del archivo de la causa y entonces exigía disculpas al PP por ejercer la acusación.

La "Gestapo de la llengua"

Un niño con una camiseta del Barça contempla el patio de un colegio público de Berga donde cuelgan pancartas por "La escuela en catalán ahora y siempre".OLMO CALVO

Torra permite espías en los recreos para comprobar si los niños hablan catalán

El Govern de la Generalitat presidido por Quim Torra permitió espiar a alumnos y profesores de escuelas catalanas para comprobar si hablaban en castellano dentro de los centros educativos.

Así lo admitió ayer la Plataforma per la Llengua, una ONG volcada en la defensa de la inmersión lingüística -y fuertemente subvencionada por la Generalitat- que realizó una «observación de incógnito» en 50 colegios de Cataluña para estudiar los «comportamientos lingüísticos» de los escolares y sus docentes. La plataforma recibe anualmente 620.000 euros en subvenciones por parte de la Generalitat de Cataluña.

Según admitió ayer públicamente la propia entidad, varios de sus miembros acudieron a los colegios con el pretexto de realizar una «actividad lúdica» en el patio «que no tenía nada que ver con la lengua», cuando su intención real era tomar nota del idioma que profesores y alumnos utilizaban «espontáneamente» sin saber que en realidad estaban siendo investigados.

Tampoco conocían que los datos recabados iban a formar parte de un estudio que la Plataforma per la Llengua dio a conocer ayer y en el que denuncia que «el catalán sólo se habla en el 24% de los patios de escuelas e institutos catalanes» y que «el 27% de los profesores de Secundaria habla en castellano a los alumnos en el recreo». Una «situación anómala», sostiene la organización, que «no respeta la condición de lengua vehicular del catalán que marca Ley de Educación de Cataluña (LEC)».

Informe de Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua reconoce que «los centros educativos no fueron informados de toda la realidad de la actividad» y que tampoco «fue posible informar a nadie del propósito de la investigación para evitar el riesgo de la fiabilidad de los datos». Sin embargo, durante la rueda de prensa en la que presentó su investigación, admitió que sí avisaron a la Consejería de Educación de la Generalitat del proyecto, sin que este fuera vetado en ningún caso por el titular de la cartera, el dirigente de ERC Josep Bargalló, ni en último término por el president Torra.

La entidad -también dedicada a delatar a los comercios que rotulan o etiquetan en castellano- se jacta de la «metodología de recogida de datos» empleada para elaborar su particular «estudio sociolingüístico en los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña». Sostiene la organización que «el método más adecuado para conseguir una observación fidedigna es la observación de incógnito, que implica que los sujetos de estudio no saben que se observan sus comportamientos lingüísticos». «Si el sujeto de estudio es consciente de que se están observando sus hábitos lingüísticos, es muy probable que no actúe de manera natural», argumenta la Plataforma per la Llengua para defender su forma de proceder.

El miembro de la entidad se dirigía en inglés al profesor encargado de dirigir la actividad, bajo el pretexto de que no sabía hablar catalán ni castellano, y después observaba desde un rincón la lengua en la que el docente estudiado «daba las indicaciones a los alumnos». «La actividad estaba diseñada para que los alumnos se comunicaran entre ellos espontáneamente, para tratar de averiguar la lengua habitual de relación entre ellos durante el recreo», reconoce la Plataforma per la Llengua a lo largo de su estudio.

«Mientras tanto, el observador iba tomando nota de en qué lengua se producían las interacciones entre cada alumno y entre el profesor y los alumnos. Este procedimiento se repetía cinco veces hasta llegar a 15 alumnos y la misma dinámica fue replicada en cada uno de los 50 centros para recoger datos de forma sistemática», detalla la organización.

La nota de prensa elaborada por la propia organización asegura que el estudio se ha llevado a cabo en el recreo y en las aulas. Esto significa que sus ‘confidentes’ se encontraban dentro de las aulas y en el patio de los colegios para detectar quienes no hablaban catalán. De esta manera señalan al profesorado, al que acusan de no hablar suficientemente en catalán a sus alumnos. Sus conclusiones aseguran que existe “cierto relajamiento del profesorado” en materia lingüística.

El presidente de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, defendió ayer su forma de actuar porque Cataluña se juega la «pervivencia de su lengua [la catalana]». «Estamos en una situación de emergencia lingüística», alegó para pedir una inmersión más estricta. La plataforma se atreve a aventurar que “seguro que muchos jóvenes que hoy optan por el castellano volverán al catalán pasada la adolescencia”. Cree que uno de los problemas reside en la “la ola migratoria” y los prejuicios lingüísticos de la mayoría de catalanohablantes, que "cambian automáticamente de lengua cuando alguien no es de aquí”.

Así actuaban los infiltrados

De incógnito. Los espías lingüísticos realizaban una «observación de incógnito», porque «si el sujeto de estudio es consciente, es muy probable que no actúe de manera natural».

En inglés. Simulaban no saber hablar ni catalán ni castellano para no condicionar a la clase. Se dirigían a los profesores en inglés y luego pasaban a realizar la observación.

Anotaciones. A continuación se retiraban a «un rincón», donde iban «tomando nota de en qué lengua se producían las interacciones entre cada alumno y entre profesor y alumnos».

¿Que ha sido del "Consell de la República"?

Puigdemont viendo cómo se desmorona su 'sede' en Waterloo



El Consejo para la República, otro ‘chiringuito’ de Puigdemont que se desmorona

El pinchazo de inscritos y la falta de dinero lastran este “gobierno catalán en el exilio”, otro fracaso ‘indepe’ que se une a la “constitución catalana”

Poco o nada se sabe de las actividades del Consejo para la República, el órgano creado a mayor gloria de Carles Puigdemont en octubre de 2018. Nueve meses después de su presentación con honores de Estado en el Palau de la Generalitat, la opacidad sobre este organismo es notable.

Se trata de uno de los chiringuitos creados durante el mandato de Quim Torra con la finalidad de visualizar una hoja de ruta hacia la independencia sin visos de prosperar. Nunca más se supo, asimismo, de aquella “asamblea de electos”, un trasunto de parlamento catalán paralelo, anunciada por el propio Puigdemont. Algo más se conoce del Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, presidido por el cantante Lluís Llach y encargado de promover el debate sobre una nueva “constitución catalana”. Aunque las peleas internas, el malestar por las injerencias del Govern, así como la falta de una estrategia comunicativa y de recursos económicos, mantienen bloqueados sus trabajos.

Debate en el Parlament

Es precisamente la financiación, o la falta de ella, la principal prueba del fracaso de ese Consejo para la República que hoy se someterá a examen en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament a instancias de la diputada del PSC Alícia Romero, que también indagará sobre esa “asamblea de electos”.

El presidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, que preside el Consejo Asesor del Fórum Cívico/ CG

Ambos órganos forman parte de la “astucia” de Puigdemont y sus ideólogos para evitar que un nuevo artículo 155 pudiera intervenirlos. El Consejo tiene sede en Waterloo, donde Puigdemont permanece fugado, aunque esta ciudad belga pierde enteros como campo base de la propaganda internacional del procés. Tras su fracasado intento de ser eurodiputado y de ganar complicidades de las instituciones europeas, el expresidente ha intensificado su actividad en Suiza, país que apoyó la independencia de Kosovo y donde tienen su sede diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU.

“Queremos saber cómo se financia ese Consejo para la República, si ya está operativo y si pretende usurpar las funciones de instituciones reconocidas estatutariamente”, explica a este medio la diputada socialista Romero.

Las normas europeas son muy estrictas

El número de inscritos en el Consejo para la República está a años luz del millón de personas que Puigdemont puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por activista registrado, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. A última hora de la tarde de ayer, la página web del Consejo contabilizaba solo 68.154 inscritos. Este órgano intenta soslayar las leyes españolas. “A todos los efectos las relaciones entre el Consejo para la República Catalana y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidos a la legislación europea”, advierten. Pero las normas europeas son muy estrictas en materia de protección de datos.

Quienes se inscriben en esta web, como no podía ser de otra manera, apoyan el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el artículo 9 del reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”. La excepción a esa prohibición pasa por que el interesado “dé su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales”.

Rechazo a CATGlobal

Otra de las vías de financiación consiste en la captación de fondos de la asociación belga CATglobal, con sede en el mismo chalet de Waterloo donde reside Puigdemont --su alquiler, presuntamente pagado por el empresario Josep Maria Matamala, está valorado en 4.400 euros al mes--. El pasado abril, la Comisión Europea rechazó definitivamente el registro de CATGlobal como grupo de presión (lobby) ante las instituciones de la Unión Europea (UE). Todo un revés para las pretensiones de Puigdemont.

El Govern aplaude la intervención de Carles Puigdemont en la presentación del Consejo por la República / EFE

Hace un año, el PSC ya intentó neutralizar estos chiringuitos con una propuesta de resolución en la que se instaba al Govern a respetar las instituciones de autogobierno catalanas y evitar que se crearan estructuras paralelas. La CAI votó en contra gracias a los votos de Junts per Catalunya, ERC y CUP.

La creación de estas pseudoinstituciones ha dado lugar a situaciones surrealistas, como el hecho de que, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSC, la Generalitat asegurara que no le constaba ningún Consejo para la República para, a continuación, invitar al acto de presentación a la portavoz Eva Granados.

Y si pocos avances se conocen de ese “ariete de la ruptura democrática”, menos se sabe de la asamblea de electos de Cataluña. La comisión parlamentaria analizará, asimismo, la situación de ese órgano. Coste estimado, ámbito de actuación, composición, atribuciones… Son muchos los interrogantes que genera ese “parlamento paralelo”.